En poco más de un mes, el Viceministerio de Transparencia recibió 340 denuncias por presuntos hechos de corrupción que involucran a al menos 60 entidades públicas del país, revelando la magnitud del problema en distintas áreas del Estado.
La información fue confirmada por el viceministro de Transparencia, Yamil García, en una entrevista con el programa Hagamos Democracia de la red Erbol, donde señaló que el volumen de casos evidencia que la corrupción estuvo “institucionalizada” durante varios años en diferentes niveles de la administración pública.
Según la autoridad, estas prácticas derivaron en esquemas de prebendalismo, cobros irregulares y presuntos casos de enriquecimiento ilícito, afectando especialmente a entidades consideradas estratégicas para el país.
El sector de hidrocarburos concentra la mayor cantidad de denuncias registradas hasta la fecha. Entre las instituciones más señaladas se encuentran Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
En el caso de YPFB, García informó sobre la investigación a un exdirector de contrataciones que habría incrementado su patrimonio en aproximadamente 15 millones de bolivianos. Como parte del proceso, varios de sus bienes inmuebles y vehículos ya cuentan con anotación preventiva.
Respecto a la ANH, el viceministro afirmó que existen múltiples denuncias con claros indicios de enriquecimiento ilícito por parte de exdirectivos, cuyos casos se encuentran en etapa de análisis y verificación.
El reporte de Transparencia también identifica un número significativo de denuncias en la Caja Nacional de Salud, además de entidades dependientes de los ministerios de Economía y Defensa, así como en varios gobiernos subnacionales, donde se reportan presuntos cobros irregulares y uso indebido de recursos públicos.
García explicó que las denuncias están siendo categorizadas para priorizar los casos más graves y con mayor daño económico al Estado. Añadió que, una vez obtenidos resultados preliminares, se activarán procesos penales y administrativos, descartando que se trate de persecución política y anunciando, además, acciones de inteligencia financiera para recuperar bienes públicos.
Vía: La Razón