La concejal municipal Raquel Ramos alertó sobre serias observaciones en el proceso de licitación para la compra de áridos destinados al empedrado de barrios periurbanos de Tarija.
Según explicó, el Gobierno Municipal envió al Concejo un contrato por casi dos millones de bolivianos, pero este fue rechazado debido a irregularidades vinculadas a la solvencia fiscal del proponente adjudicado.
Ramos detalló que, de acuerdo con la normativa vigente —específicamente el artículo 181 y el artículo 43 de la Ley de Contrataciones—, las empresas o personas interesadas en participar de una licitación no pueden tener deudas pendientes con el Estado.
Sin embargo, en la documentación presentada figuraba una certificación de la Contraloría que señalaba procesos ejecutoriados contra el representante de la empresa ofertante, lo que constituye un impedimento legal para su contratación.
Ante esta situación, el Concejo recomendó al Ejecutivo municipal corregir las observaciones y reiniciar el proceso de licitación para garantizar transparencia y evitar futuras responsabilidades administrativas.
No obstante, Ramos denunció que el Gobierno Municipal volvió a enviar el contrato sin subsanar los problemas detectados, insistiendo en que el Concejo lo apruebe en las mismas condiciones observadas.
La concejal también remarcó que esta es la primera vez, en casi cinco años de gestión, que el Ejecutivo solicita la aprobación de un contrato para la adquisición de áridos, ya que en anteriores oportunidades el alcalde ejecutó este tipo de compras sin requerir autorización del Concejo.
Por ello, expresó su preocupación ante una eventual intención de responsabilizar al órgano deliberante por futuros retrasos en la ejecución del empedrado.
En ese sentido, Ramos pidió públicamente al alcalde que no culpe al Concejo Municipal por la falta de avance en obras de mejoramiento vial. Recalcó que durante toda la gestión el Ejecutivo no había enviado contratos para este fin, por lo que considera incoherente que ahora intente trasladar la responsabilidad de los retrasos al órgano legislativo local.
La concejal lamentó que los POA destinados a los barrios periurbanos no se estén ejecutando oportunamente, y advirtió que, debido a estas demoras, los proyectos de empedrado recién podrían iniciar el próximo año.
Finalmente, subrayó que los barrios continúan siendo los más afectados por la falta de servicios básicos y obras esenciales, mientras la administración municipal no corrige los errores en su proceso de contratación.
