La bancada arcista de la Cámara de Diputados reconoció que su insistencia en aprobar los contratos de explotación de litio responde a un objetivo político: resguardar la soberanía y evitar que los recursos naturales del país sean entregados a intereses foráneos. Sin embargo, tras varios intentos fallidos, anunciaron que las próximas sesiones legislativas serán definidas mediante voto nominal.
La primera vicepresidenta de Diputados, Deysi Choque, sostuvo que el interés del oficialismo está centrado en garantizar que el litio boliviano sea industrializado dentro del país, con un enfoque soberano. Aclaró que si los contratos son rechazados o aprobados, será responsabilidad plena de la Asamblea Legislativa, desligando así al bloque arcista de cualquier imposición.
Durante julio, el oficialismo trató de agilizar la aprobación de un contrato con la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited, pero el proceso fue frenado por la fuerte oposición de bancadas contrarias. Un segundo intento con la empresa rusa Uranium One Group también fue bloqueado, esta vez por presión de cívicos y diputados potosinos.
La resistencia regional se consolidó con un foro en Potosí que reunió a candidatos presidenciales como Jorge Tuto Quiroga, Rodrigo Paz y Pavel Aracena. Allí firmaron un compromiso de no aprobar contratos sin una ley específica del litio. La ausencia del empresario Samuel Doria Medina, acusado de tener vínculos con negociaciones sobre el litio, fue notoria y generó especulación.
En respuesta a la creciente desconfianza pública, la diputada Choque anunció que toda ley en agenda será tratada con voto nominal, una medida que obliga a cada legislador a justificar su posición abiertamente. Esta decisión busca dar mayor transparencia al debate legislativo, pero también evidencia el desgaste político del bloque oficialista.
A pesar del anuncio, varios diputados opositores consideran que no se logrará avanzar en ninguna normativa de fondo antes de las elecciones, previstas para dentro de dos semanas. Mientras tanto, los representantes de Potosí se mantienen en “estado de emergencia” para evitar cualquier intento de reactivar los contratos cuestionados con empresas extranjeras.
Vía: El Deber