El analista económico Jaime Balanza cuestionó la existencia real de la subvención a los combustibles en Bolivia, cuando dio a entender que durante décadas ha sido, más bien, una herramienta de manejo político y financiero. Según Balanza, lo que antes funcionaba como la «caja chica» de la clase política, hoy se habría convertido en su «caja grande». Sus declaraciones se dieron en el contexto de una propuesta para reducir el alto costo de la subvención estatal a los hidrocarburos.
Balanza explicó que el problema no radica en el precio final al consumidor, sino en el costo excesivo que implica adquirir combustibles a través de intermediarios como Vitol y Trafigura, a quienes el país paga entre el doble y el triple del valor de refinería. Bolivia, dijo, compra diariamente entre 11 y 14 millones de litros de combustible, lo que hace insostenible continuar dependiendo de estos intermediarios.
Como alternativas, propuso reducir costos construyendo plantas de almacenaje propias en los puertos del Pacífico y Atlántico, dejando de usar barcos anclados por meses como depósitos flotantes. También cuestionó la actual logística de internación en camiones, comparándola con «traer agua en canasta», y sugirió que Bolivia debe invertir en ductos, transporte más eficiente y en fomentar el uso de vehículos eléctricos, aprovechando sus reservas de litio.
Finalmente, planteó aprovechar el potencial del país en la producción de biocombustibles, dado que Bolivia exporta etanol, azúcar y soya. Con una estrategia integral —dijo— el costo real del combustible podría aproximarse al precio final, reduciendo así la necesidad de subvención sin provocar crisis social ni económica.
