El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Tarija, Iván Mogro, se refirió a las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503, señalando que se trata de una demanda legítima de los trabajadores, aunque advirtió que existe el riesgo de que la protesta sea tergiversada y politizada.
Mogro dijo que gran parte de las personas que participan en las movilizaciones pertenecerían al anterior gobierno, lo que —según sostuvo— estaría desviando el objetivo central de la protesta. Indicó que estos sectores no estarían defendiendo la estabilidad laboral ni la canasta familiar, sino persiguiendo fines estrictamente políticos, situación que, a su criterio, “mancha” la legitimidad de la movilización.
En ese contexto, el dirigente explicó que su sector participó en la primera marcha, pero decidió no acatar el paro, precisamente para evitar involucrarse en acciones que puedan interpretarse como intentos de desestabilización política. Remarcó que los trabajadores municipales no están dispuestos a atacar al actual gobierno ni a exigir cambios políticos, recordando que el cambio de gobierno fue un proceso difícil y que no puede ponerse en riesgo.
Respecto a la relación con la COB, Mogro señaló que existen conversaciones y reuniones permanentes, pero subrayó que su sindicato ha pedido aclaraciones concretas para garantizar que las movilizaciones no tengan objetivos políticos y se mantengan en el marco de las reivindicaciones laborales y económicas.
Asimismo, sostuvo y valoró que el cuestionamiento al Decreto Supremo 5503 debe canalizarse por la vía legal, a través de una demanda de inconstitucionalidad. Afirmó que, si el Tribunal Constitucional determina que el decreto es inconstitucional, el Gobierno deberá derogarlo y retomar el diálogo con las bases y los distintos sectores sociales.
Finalmente, Mogro pidió al Gobierno que regule los precios de los productos de primera necesidad para evitar un mayor impacto en la economía de la población. Además, exigió que se investigue y procese a los responsables de hechos de corrupción, principalmente de los primeros gobiernos del MAS, cuestionando que personas denunciadas sigan en libertad sin rendir cuentas ante la justicia.