El economista Roberto Castillo informó que presentó una carta formal ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para solicitar una aclaración oficial sobre la vigencia de la Ley 1670, luego de que, según denunció, entidades bancarias difundieran la versión de que dicha normativa ya no estaría en aplicación y que los prestatarios deben someterse únicamente al Decreto Supremo 5503.
Castillo aseguró que, de manera verbal, la ASFI ya les confirmó que la Ley 1670 continúa plenamente vigente, por lo que corresponde su cumplimiento. Explicó que esta normativa establece que los prestatarios podían dejar de pagar sus créditos desde noviembre y retomar los pagos recién en mayo de 2026, manteniendo el mismo monto y sin recargos adicionales.
Sin embargo, advirtió que los bancos estarían intentando aplicar el Decreto 5503, el cual —remarcó— no puede estar por encima de una ley. Según indicó, esta disposición plantea un periodo de gracia seguido de una reprogramación de créditos, lo que en la práctica derivaría en un sobreendeudamiento de los clientes, similar a lo ocurrido tras la pandemia, situación que considera perjudicial para los prestatarios.
El economista denunció además que las entidades financieras no estarían asesorando correctamente a los clientes, señalando que durante la última semana recibieron más de mil testimonios de personas a las que se les informó que no califican para el diferimiento, argumento que calificó como falso. Recordó que la Ley 1670 y su reglamento permiten acceder al beneficio a todas las personas con actividad independiente, sin distinción del tipo de crédito.
Castillo explicó que, a diferencia del Decreto 5503 —que contempla la generación de intereses durante el periodo de gracia—, la Ley 1670 establece que el prestatario debe retomar el pago en mayo con el mismo monto original, sin intereses, recargos, seguros ni penalizaciones, lo que representa un alivio real para la economía de las familias.
Finalmente, señaló que el objetivo de la carta enviada a la ASFI es que la entidad emita una respuesta escrita y oficial, instruyendo a los bancos a respetar la vigencia de la Ley 1670 y a cesar lo que calificó como presiones y desinformación hacia los prestatarios. Añadió que si bien esta pausa reduce las utilidades del sistema financiero, no genera pérdidas, sino únicamente menores ganancias para los bancos.