La región del Chaco tarijeño enfrenta una alarmante crisis de violencia sexual contra menores de edad, agravada por la impunidad y fallos judiciales que habrían beneficiado a agresores. A días de conmemorarse el Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales, surgen denuncias contra jueces por prevaricato y un aumento del 17,1% en los casos respecto al año anterior, según datos de la Fiscalía General del Estado.
La frustración social se intensificó tras un caso en Yacuiba, donde un militar fue acusado de violar a una niña de 14 años. La población, cansada de la falta de justicia, marchó hacia la Escuela de Cóndores de Bolivia (Esconbol) exigiendo su aprehensión. Aunque el acusado fue detenido, al salir fue insultado y golpeado por los vecinos. Esta escena refleja el hartazgo de comunidades que se sienten desprotegidas por el sistema judicial.
Villa Montes también vive una situación crítica. Allí, dos jueces están bajo investigación por cambiar la tipificación penal de violación a estupro en tres casos distintos, lo que permitió que los acusados reciban penas mínimas o sean absueltos. La Fiscalía Departamental confirmó una imputación por prevaricato, cuyo proceso se reanudará el próximo 19 de agosto.
Organizaciones como la Red Contra la Violencia han sido clave para visibilizar estas irregularidades, logrando que el Consejo de la Magistratura inicie una investigación contra los jueces. La activista Pamela Delgadillo destacó la importancia de la presión ciudadana que ha puesto “en el banquillo” a los administradores de justicia.
Desde el Sedeges se confirmó que Yacuiba y Villa Montes figuran entre los municipios con mayor índice de agresiones sexuales a menores en relación a su población. La situación es crítica, y las víctimas, en su mayoría niñas y adolescentes, muchas veces no encuentran protección ni reparación efectiva del daño en el sistema judicial.
En medio de esta crisis, se han activado campañas de prevención y atención integral en el marco del 9 de agosto, con el fin de sensibilizar a la sociedad y exigir políticas públicas efectivas. No obstante, las cifras siguen siendo alarmantes: solo en los primeros cuatro meses de 2025, se registraron 722 casos de violencia sexual contra menores en todo el país, evidenciando una problemática nacional que requiere atención urgente.
Vía: El País