El Gobierno nacional presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario, una iniciativa que plantea cinco ejes económicos orientados a reducir la alta informalidad laboral en Bolivia, que actualmente bordea el 85%. La propuesta busca facilitar la transición hacia la formalidad mediante incentivos tributarios y simplificación administrativa.
Durante la presentación, el presidente Rodrigo Paz señaló que ser formal en Bolivia resulta costoso, lo que ha provocado una caída sostenida de la economía formal en las últimas décadas. La propuesta fue expuesta en el Congreso Empresarial Cochabamba 2026, donde el Ejecutivo defendió la necesidad de impulsar transformaciones estructurales para fortalecer la economía nacional.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que el proyecto pretende eliminar barreras que desalientan a pequeños contribuyentes a ingresar al sistema tributario. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia registra una de las tasas de informalidad más altas de la región, pese a mantener bajos niveles de desempleo.
Especialistas advierten que el problema no radica en la falta de empleo, sino en su precariedad. El economista Fernando Romero señaló que más del 80% de la fuerza laboral se desempeña en actividades informales sin acceso a derechos laborales ni beneficios sociales, predominando el autoempleo y las actividades de subsistencia.
El primer eje del proyecto crea el Régimen SIETE–RG, un sistema tributario simplificado y voluntario dirigido a pequeños contribuyentes con ventas menores a Bs 400.000 anuales. Este esquema unifica varios impuestos en un solo pago bimensual del 5% sobre ventas, con el objetivo de facilitar la emisión de facturas y reducir la carga administrativa.
El segundo componente plantea reducir el plazo de prescripción tributaria de ocho a cuatro años y limitar los procesos de fiscalización a un máximo de dos años, medida que —según el Gobierno— otorgará mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y evitará procesos prolongados.
Uno de los puntos centrales es la condonación total de deudas tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2017 para montos menores a Bs 10 millones. La medida busca permitir que pequeños y medianos contribuyentes con cuentas congeladas o bienes inmovilizados puedan reincorporarse al sistema formal.
Para obligaciones generadas desde 2018, el proyecto contempla eliminar intereses y multas, manteniendo únicamente el pago del tributo omitido actualizado. Además, se habilitan planes de pago de hasta 24 meses y un plazo de 120 días para acogerse a los beneficios tras la aprobación de la norma.
El quinto eje propone transparentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), fijando claramente la alícuota en 13%, ya que actualmente el cálculo “por dentro” eleva la tasa efectiva cercana al 14,94%. Según el Ejecutivo, la medida reducirá errores tributarios y disminuirá sanciones y fiscalizaciones.
Analistas económicos consideran que el paquete podría ampliar la base tributaria y generar mayores ingresos fiscales en un contexto de restricciones económicas. No obstante, advierten que el éxito dependerá del respaldo legislativo y la gobernabilidad política, ya que la aprobación de la ley será clave para que las medidas puedan aplicarse y generar impacto real en la economía formal.
Vía: El Deber