La situación judicial de la exdiputada del MAS, Lidia Patty, dio un giro decisivo este viernes después de que la Fiscalía formalizara una imputación en su contra y solicitara cuatro meses de detención preventiva por el caso de presunta corrupción en el ex Fondo Indígena. La defensa anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), denunciando irregularidades tanto en su aprehensión como en el rechazo de una acción de libertad.
El fiscal Miguel Cardozo informó que Patty fue sometida a declaración en la mañana y que, tras ello, el Ministerio Público presentó la imputación correspondiente. La exlegisladora enfrenta cargos por supuestamente recibir Bs 700.000 para un proyecto de carpas solares destinado a la producción de tomates en ocho comunidades.
Según la Fiscalía, existen registros de depósitos y un cheque emitido a nombre de Patty por el monto total del proyecto. Sin embargo, los descargos presentados por la exdiputada no habrían justificado la totalidad de los recursos. De acuerdo con Cardozo, Patty solo respaldó alrededor de Bs 200.000 y entregó documentación que calificó como “no legal”.
La defensa, encabezada por el abogado Víctor Nina, denunció que la acción de libertad interpuesta tras la aprehensión fue rechazada sin la debida fundamentación. Aseguró que esa resolución vulnera procedimientos constitucionales y debe ser enviada en 24 horas al TCP, donde esperan revertir el fallo y exponer las presuntas irregularidades.
El operativo policial también fue cuestionado por la defensa, que afirmó que Patty se dirigía a declarar conforme a la citación cuando fue interceptada por agentes vestidos de civil. Sostienen que la captura careció de transparencia y contradice el argumento de riesgo de fuga que planteó el Ministerio Público.
Nina remarcó que Patty regresó recientemente de Argentina con el objetivo de presentarse ante la Fiscalía, lo que —afirma— demuestra su voluntad de colaborar con el proceso. De momento, la exdiputada permanecerá en celdas policiales mientras su equipo legal prepara la estrategia para demostrar su inocencia y solicitar una auditoría integral al Fondo Indígena.
La audiencia de medidas cautelares será definida en las próximas horas, en medio de un clima de tensión creciente alrededor de uno de los casos de corrupción más sensibles vinculados a proyectos destinados a comunidades indígenas en el país.
Vía: El Deber