La Fiscalía admitió la denuncia presentada por la asambleísta departamental del MAS, Romina Salazar Cazón, contra el gobernador de Tarija y el director del Proyecto Múltiple San Jacinto (PMSJ) por el presunto uso indebido de maquinaria y el incumplimiento de deberes. Según Salazar, el reglamento del proyecto establece que solo los beneficiarios inscritos pueden acceder a la maquinaria, lo que pone en duda la legalidad de las operaciones realizadas.
La legisladora indicó que presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) para obtener detalles sobre el uso y los pagos de la maquinaria, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. La falta de transparencia en el manejo de estos bienes estatales fue uno de los principales argumentos que motivaron su denuncia ante el Ministerio Público.
En respuesta, el vocero de la Gobernación, César Ramos, rechazó las acusaciones de Salazar y las calificó de infundadas. Aseguró que existen documentos que respaldan la legalidad del uso de la maquinaria, incluyendo una carta de autorización y boletas de pago. También afirmó que Ruth Ponce Pérez, en cuyo terreno se realizaron los trabajos, ha sido regante del proyecto desde 2003, por lo que tenía derecho a acceder a estos servicios.
Ramos acusó a Salazar de hacer denuncias sin fundamento y con fines políticos, sin esperar la respuesta oficial del PIE solicitado. Además, expresó su confianza en que la Fiscalía tomará una decisión basada en pruebas y documentación, descartando cualquier irregularidad en el uso de la maquinaria del PMSJ.