La Fiscalía de La Paz admitió una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y otras once personas, a quienes se acusa de ser autores y cómplices del delito de trata de personas, en un caso que involucra a una presunta víctima menor de edad identificada como Noemí Meneses Chávez. El memorial fue aceptado el 30 de diciembre y los hechos denunciados se habrían producido entre 2015 y 2020.
De acuerdo con la acusación, la adolescente habría sido trasladada por vía aérea desde los 14 años a distintos puntos del país para sostener encuentros íntimos con el entonces jefe de Estado. La denuncia sostiene que estos viajes se realizaron mientras Morales ejercía la Presidencia y que en varios casos no se cumplieron los requisitos legales exigidos para el traslado de menores de edad.
El documento, registrado con el Código Único de Caso (CUD) N° 201102012509349, fue presentado originalmente en 2020 por Marcelo Alcázar, exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi). Alcázar aseguró haber sido apartado de su cargo y sometido a presiones tras impulsar la investigación, afirmando que fue víctima de persecución política por tocar un caso que involucraba directamente al mandatario de entonces.
En el memorial, el exfuncionario describe la existencia de una presunta organización criminal integrada por autoridades y funcionarios públicos, cuyo objetivo habría sido garantizar la logística, el traslado y el encubrimiento de los encuentros. Según la denuncia, Meneses habría realizado al menos 37 viajes aéreos para reunirse con Morales mientras este se encontraba en funciones.
Alcázar también acusa a Morales por el delito de estupro, señalando que se habría aprovechado de una adolescente. Si bien la presunta víctima declaró ante la Policía que la relación formal comenzó en mayo de 2020, cuando ya tenía 19 años, el denunciante sostiene que ese argumento no invalida los hechos previos ni excluye los delitos de trata y tráfico de personas que deben ser investigados.
La denuncia solicita que Morales y los demás involucrados sean procesados y sancionados conforme a la normativa penal vigente, con penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión. El Ministerio Público deberá ahora avanzar en la investigación para esclarecer los hechos denunciados.
Entre los presuntos cómplices figura el exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, además de otros funcionarios y exfuncionarios que, según el memorial, habrían facilitado los traslados de la menor desde Cochabamba hacia otros departamentos. También se menciona a servidores públicos vinculados a Mi Teleférico, la Gobernación de Cochabamba y la Caja de Salud.
La denuncia sostiene que los pasajes habrían sido adquiridos por allegados a Morales y que, con apoyo interno, se eludieron los controles de seguridad en aeropuertos y aerolíneas, sin exigir permisos de viaje para una menor. Estos elementos, según el denunciante, refuerzan la hipótesis de una red de influencias que permitió encubrir los hechos durante varios años.
Vía: El Deber