La eliminación del subsidio a los combustibles en Bolivia, dispuesta mediante el Decreto Supremo 5503, permitió al Estado un ahorro de 190 millones de dólares en solo 19 días y redujo de forma drástica el contrabando de diésel y gasolina hacia países vecinos. No obstante, la medida también provocó un incremento inmediato en los precios del transporte y de los alimentos, profundizando la presión económica sobre miles de familias.
Según datos oficiales, el Gobierno proyecta ahorrar alrededor de 3.500 millones de dólares durante la gestión 2026, recursos que antes se destinaban a la importación de carburantes a precios internacionales para su venta subvencionada en el mercado interno. Las autoridades reiteraron que el decreto no será abrogado debido a los beneficios fiscales y estructurales que ya comienza a generar.
El Decreto 5503, aprobado el 17 de diciembre de 2025, estableció nuevos precios de referencia para los combustibles: 6,96 bolivianos por litro de gasolina especial, 11 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel. Con ello, se buscó equilibrar los precios internos con el mercado internacional y frenar las distorsiones generadas por la subvención.
Los ministros de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, y de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, señalaron que la medida logró garantizar la provisión regular de combustibles y desactivar redes de contrabando que generaban pérdidas de entre 2 y 3 millones de dólares diarios. Bolivia, al vender carburantes muy por debajo del precio internacional, se había convertido en un foco atractivo para el desvío ilegal hacia Brasil, Argentina y Perú.
Uno de los efectos más visibles fue la caída de hasta un 50% en el consumo interno de diésel. El Gobierno atribuye esta reducción a la eliminación del “negocio” del contrabando y estima que la demanda se estabilizará entre el 30% y el 40% en las próximas semanas, marcando un cambio estructural tras más de dos décadas de precios artificialmente bajos.
Sin embargo, el impacto social fue inmediato. En varias ciudades capitales, las tarifas del transporte urbano llegaron a duplicarse, generando protestas de los usuarios ante cobros arbitrarios. En Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Oruro y Potosí se registraron conflictos entre choferes y pasajeros, obligando a las alcaldías a intervenir.
Ante la presión social, los gobiernos municipales fijaron tarifas transitorias mientras se realizan estudios de costos. En Cochabamba, el pasaje provisional para adultos se estableció en 3 bolivianos, mientras que en La Paz el tramo corto quedó en 3 bolivianos y el largo en 3,50. Oruro y El Alto también aprobaron tarifas temporales con vigencia de hasta seis meses.
El ajuste alcanzó también al transporte interdepartamental. Tras un acuerdo entre la Confederación de Choferes y la ATT, se autorizó un incremento transitorio del 40% por 180 días, a partir del 2 de enero de 2026. Durante ese periodo, una mesa técnica analizará la estructura de costos para definir una tarifa definitiva, en un escenario donde el ahorro fiscal convive con un creciente malestar ciudadano por el alza del costo de vida.
Vía: Opinión