El Tribunal Sexto de Sentencia de Santa Cruz concedió este martes una acción de libertad presentada por pacientes renales, cívicos y legisladores, en un fallo calificado como histórico para la defensa del derecho a la salud. La decisión obliga al Estado a garantizar los tratamientos de diálisis y sienta jurisprudencia para la atención de personas con enfermedades terminales en todo el país.
La resolución se conoció en paralelo al anuncio del Ministerio de Salud, que informó haber cancelado la deuda pendiente con los centros de diálisis en Santa Cruz y que replicará la medida en otras regiones. Sin embargo, los pacientes denunciaron que solo gracias a la presión judicial se concretaron los pagos, tras más de siete meses de retraso que pusieron en riesgo su vida.
El abogado Andrés Ritter, representante de los accionantes, celebró la decisión judicial y la consideró un triunfo nacional: “Hoy ganaron los enfermos renales. El tribunal estableció que ninguna vida puede estar en riesgo por falta de pago de diálisis o tratamientos contra el cáncer”. Aseguró que sin la acción de libertad, el Gobierno no habría cumplido con los desembolsos pendientes.
Desde el ámbito cívico e institucional, las reacciones también fueron contundentes. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que “el centralismo y la burocracia matan” y exigió al Gobierno garantizar pagos oportunos. A su vez, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, destacó que la victoria fue producto de la unidad entre sociedad e instituciones en defensa de la salud pública.
El Ministerio de Salud, a través de su asesor Javier Moreno, aseguró que ya se canceló el 35% de la deuda nacional con los centros de diálisis y que en breve se cubrirá el total del cuarto trimestre. No obstante, el vocero de los pacientes, Marco Torrez, advirtió que varios centros dejaron de brindar atención por falta de recursos. “No somos políticos, estamos luchando por vivir”, expresó con firmeza.
El fallo, de ejecución inmediata, obliga a que ningún paciente con enfermedades crónicas o terminales quede desprotegido por retrasos administrativos o por la falta de voluntad política. Según Ritter, la decisión marca un precedente que trasciende lo regional y fortalece la lucha por el derecho a la vida y a la salud en Bolivia.
Vía: El Deber