El diputado opositor José Luis Porcel denunció que la Gestora Pública adeuda a los bolivianos 8.300 millones de dólares, monto que habría sido prestado al Estado nacional a través del gobierno. El legislador cuestionó la viabilidad de la devolución de estos recursos, señalando que el país enfrenta un déficit fiscal persistente desde 2007, acumulando pérdidas por más de 39 mil millones de dólares.
Según Porcel, el dinero prestado fue utilizado para gasto corriente, incluyendo salarios y operaciones del aparato estatal, lo que calificó como una muestra de mala administración económica. Además, criticó que la Gestora Pública esté operando sin la estructura legal completa, ya que actualmente funciona con un gerente designado y sin los cuatro directores exigidos por ley, lo que representa una infracción normativa.
El diputado advirtió que los recursos fueron usados para adquirir bonos del Estado, probablemente a largo plazo, lo que implicaría que la devolución se hará en bolivianos y al tipo de cambio oficial, depreciando aún más el valor real del dinero aportado por los trabajadores. Consideró esta gestión como un “manejo desastroso” que pone en riesgo los ahorros de la población.
Por otro lado, al referirse al posible colapso del voto en el exterior, Porcel rechazó que sea responsabilidad del Legislativo, indicando que la Asamblea no administra recursos ni puede cubrir los costos. Aclaró que el préstamo de 100 millones de dólares otorgado por Japón fue destinado para temas relacionados al COVID-19, no para procesos electorales.
Sin embargo, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, contradijo esta postura y recordó que la Asamblea se comprometió mediante un acuerdo multipartidario a viabilizar los recursos para garantizar el voto en el extranjero. Afirmó que los presidentes de las cámaras, jefes de bancada y representantes políticos asumieron públicamente esa obligación y ahora deben cumplirla.
