El asambleísta departamental José Yucra Paredes cuestionó duramente las declaraciones del gobernador Oscar Montes Barzón, a quien acusó de responsabilizar a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) por la ineficacia en la gestión gubernamental. Según Yucra, esta postura busca deslindar responsabilidades sobre la falta de resultados en la administración departamental.
El legislador sostuvo que la ALDT ha aprobado normativas que establecen claramente que los programas y leyes deben ejecutarse en función de la disponibilidad financiera, por lo que considera injustificado que el gobernador atribuya a las leyes vigentes los problemas de gestión. En ese sentido, remarcó que incluso acciones impulsadas por la propia Asamblea han sido frenadas bajo el argumento de falta de recursos.
Asimismo, Yucra señaló que, en lugar de culpar al ente legislativo, el gobernador debería asumir su rol y proponer de manera concreta la modificación o anulación de las leyes que considera inviables. Indicó que la Gobernación cuenta con un equipo técnico y jurídico suficiente para plantear ajustes normativos, pero que hasta la fecha no se han presentado propuestas específicas.
El asambleísta también cuestionó que se generalicen críticas hacia un amplio número de leyes sin precisar cuáles afectan realmente la gestión. Enfatizó que corresponde al Ejecutivo identificar las normativas que requieren cambios y remitirlas formalmente para su tratamiento, en lugar de trasladar esa responsabilidad a la Asamblea.
En su declaración, Yucra diferenció entre leyes de carácter enunciativo, que no implican gasto público, y aquellas que sí generan obligaciones económicas, como los programas sociales. Entre estos mencionó iniciativas como el Prosol, la canasta alimentaria y los beneficios para personas con discapacidad, señalando que son estos programas los que demandan recursos significativos.
Finalmente, el asambleísta exhortó al gobernador a actuar con mayor transparencia y sinceridad respecto a las limitaciones presupuestarias, planteando de forma directa qué programas o leyes no pueden sostenerse, en lugar de responsabilizar a la Asamblea por decisiones que, según afirmó, corresponden exclusivamente al Ejecutivo departamental.