El Centro de Reintegración Social Oasis, principal recinto para adolescentes varones con procesos o sentencias penales en Tarija, enfrenta una crisis marcada por el hacinamiento y la carencia de personal, problemas que fueron puestos sobre la mesa durante la reciente instalación de la Mesa Técnica de Justicia Penal para Adolescentes. La situación refleja falencias estructurales similares a las que viven las cárceles de adultos, lo que dificulta los procesos de reinserción social.
La directora del Sedeges, María Esther Valencia, informó que la infraestructura del centro solo tiene capacidad para albergar a 40 internos en condiciones adecuadas. Sin embargo, ese límite ya fue superado, ya que además de los adolescentes de Tarija, llegan menores enviados desde Chuquisaca por disposición judicial, lo que incrementa la presión sobre el recinto.
Otro de los puntos críticos es la falta de personal tanto de seguridad como de educadores, lo que impide garantizar la custodia adecuada de los internos cuando acceden a permisos de estudio o actividades, derechos contemplados en la normativa vigente. Valencia advirtió que los jueces exigen que esas salidas sean acompañadas por custodios, pero Oasis no cuenta con los funcionarios suficientes para cumplir con esa obligación.
La reunión, convocada por la Defensoría del Pueblo y la Gobernación, contó con la participación del Sedeges, la Policía, el Ministerio Público y representantes judiciales, quienes coincidieron en la necesidad de construir un sistema de justicia penal adolescente más humano, restaurativo y respetuoso de los derechos de los menores. Las conclusiones de la mesa se darán a conocer esta semana.
En Bolivia, la justicia penal juvenil se rige por la Ley 548, que establece un régimen diferenciado para adolescentes de entre 14 y 18 años, priorizando medidas socioeducativas y la reintegración social. Sin embargo, las carencias del sistema ponen en riesgo esos objetivos, mientras los datos del Ministerio Público revelan que entre enero y abril de 2024 ingresaron 373 adolescentes al sistema, lo que equivale a un promedio de 100 casos mensuales.
Los delitos más comunes en este grupo incluyen violencia sexual, delitos patrimoniales, contra las personas y, en menor medida, casos vinculados al narcotráfico. Para 2025, el sistema enfrenta el desafío de equilibrar las propuestas de endurecimiento de sanciones con las advertencias de organismos de derechos humanos que alertan sobre el riesgo de retrocesos en la protección de los adolescentes en conflicto con la ley.
Vía: El País, Tarija