La concejala municipal de Tarija, Raquel Ramos, denunció públicamente que el alcalde y el Ejecutivo del Gobierno Municipal han presentado un proyecto de ley que busca eliminar la obligación de remitir al Concejo Municipal los contratos y convenios firmados por el Ejecutivo.

Según Ramos, esta normativa atentaría contra las funciones de fiscalización del órgano legislativo y abriría la puerta a la firma de acuerdos sin ningún tipo de control institucional ni conocimiento ciudadano.

Actualmente, la ley obliga al Ejecutivo a remitir al Concejo los contratos y convenios en un plazo de 20 días hábiles. Sin embargo, el nuevo proyecto propone que los convenios firmados por el alcalde no necesiten pasar por esa instancia, lo que, en palabras de Ramos, representa un intento del Ejecutivo por “hacerse una ley a medida” para operar con total discrecionalidad.

La concejal alertó que se estaría otorgando al Ejecutivo la facultad de delegar el control y la administración de servicios públicos a nuevas empresas privadas (exas).

Ramos expresó su preocupación por el futuro del servicio de agua potable, denunciando que la empresa actual, COSAALT, ya opera sin mecanismos efectivos de control y que una eventual firma de nuevos convenios con otras EPSAS privadas podría significar una privatización encubierta del agua.

La concejala pidió a sus colegas del Concejo Municipal rechazar este proyecto de ley, que aún se encuentra en análisis en las comisiones pertinentes.

Advirtió que, de aprobarse, se limitaría no solo la capacidad fiscalizadora del Concejo, sino también el derecho de la ciudadanía a conocer los compromisos asumidos por el gobierno local. «¿Para qué estamos como concejales si no podemos fiscalizar?», cuestionó finalmente.