El Comité Cívico de Tarija, junto a la Federación de Juntas Vecinales (FEDJUVE) y la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental, firmaron un documento de exigencia dirigido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La petición busca que esta instancia se pronuncie de manera inmediata sobre la compatibilidad legal de la reforma al Estatuto Autonómico Departamental, que plantea la reducción del número de asambleístas en Tarija.
El presidente cívico, Jesús Gira, explicó que la Asamblea Departamental ya presentó la ley de reforma al TCP, pero hasta la fecha no hubo pronunciamiento. Señaló que esta demora afecta directamente a la viabilidad del proceso y a la organización de las próximas elecciones subnacionales.
En ese marco, insistió en que se aplique el principio de celeridad para dar respuesta a una demanda que considera legítima del pueblo tarijeño.
Gira también adelantó que, en caso de persistir el silencio institucional, no descartan asumir otras medidas de presión cívica.
“No vamos a mantenernos callados, es nuestro deber viabilizar que el Tribunal se pronuncie lo antes posible”, declaró, advirtiendo que las instituciones cívicas y vecinales de Tarija se encuentran en estado de alerta frente a una posible negativa o dilatación del proceso.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Damián Castillo, recordó que el proyecto de ley fue entregado el 21 de julio y, pese a que ya pasaron más de dos meses, el TCP aún no lo admite ni somete a sorteo.
Explicó que la reducción de asambleístas responde a la crisis económica del departamento y a la necesidad de ajustar el aparato legislativo a la nueva realidad financiera.
Finalmente, Castillo subrayó que la meta es que esta reforma se encuentre vigente antes de las próximas elecciones subnacionales.
Aseguró que la medida no solo busca racionalizar el gasto público, sino también fortalecer la institucionalidad autonómica. Tanto el Comité Cívico como la Asamblea coincidieron en que el pronunciamiento del TCP es urgente para garantizar certeza legal y evitar que el tema quede sin resolverse en el próximo proceso electoral.
