El anuncio del gobierno argentino de construir una valla de 200 metros en la frontera con Bolivia ha generado fuertes reacciones desde La Paz. Autoridades bolivianas, como la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el ministro de Justicia, César Siles, consideran que el proyecto vulnera tratados internacionales y principios de convivencia pacífica. Bolivia anunció gestiones diplomáticas para abordar el impacto de esta medida y no descarta elevar un manifiesto ante organismos internacionales como la ONU y la OEA.
Desde Argentina, la iniciativa fue defendida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como parte del Plan Güemes, que busca reforzar la seguridad fronteriza, combatir el narcotráfico y ordenar el cruce migratorio. Según Bullrich, el punto fronterizo en Aguas Blancas, Salta, era una “tierra de nadie” antes de la implementación de este plan. El proyecto contempla un alambrado de tres metros de altura con púas y postes de hormigón, con el objetivo de controlar mejor el paso fronterizo.
Bolivia, por su parte, movilizó 10.000 efectivos en 2024 para combatir el contrabando en sus fronteras, pero las relaciones bilaterales parecen haberse deteriorado. Críticos como el diputado boliviano Gustavo Aliaga señalan que el gobierno de Luis Arce no ha sabido gestionar adecuadamente estos vínculos, afectando a los bolivianos que trabajan en Argentina. Mientras tanto, autoridades argentinas calificaron las quejas bolivianas como un exceso, argumentando que el proyecto no afecta su territorio y busca ordenar un paso clave en la frontera.
El interventor argentino de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, explicó que el flujo de personas en esta área fronteriza es alto y criticó la falta de personal migratorio boliviano, afirmando que el problema es mayor en Bolivia que en Argentina. A pesar de las tensiones, el diálogo entre los dos países será fundamental para evitar que este proyecto agudice las diferencias y afecte la cooperación bilateral.
Vía: El Deber