El presidente de la Asociación de Surtidores (ASOSUR), Moisés Hidalgo, afirmó que la subvención a los carburantes se ha convertido en un “desangrado” económico insostenible para el país y aseguró que su continuidad afecta directamente a la población, y no al Gobierno. Según explicó, Bolivia destina más de 2.000 millones de dólares al año en divisas para sostener los precios de la gasolina y el diésel, un monto que —dice— el país ya no puede seguir perdiendo debido a la escasez de dólares y la presión que esta política ejerce sobre la economía nacional.
Hidalgo comparó la situación con una herida que sangra de manera constante y advirtió que, si no se toma una decisión de fondo, el país podría enfrentar consecuencias aún más graves. En ese sentido, cuestionó que continúe la subvención y aseguró que mantenerla es “el peor daño que se le está haciendo a la población”.
Para el dirigente, el sinceramiento de precios tendría efectos positivos inmediatos, como la reducción del contrabando, el freno a la especulación y la imposibilidad de que vehículos ilegales o “chutos” accedan a carburantes subvencionados.
El titular de ASOSUR también argumentó que, al elevarse el precio real de los combustibles, el consumo se moderaría, la población regularía sus desplazamientos y se produciría un reordenamiento del mercado interno. En su criterio, levantar la subvención —aunque sea una medida impopular— representa una acción necesaria para frenar la pérdida diaria de recursos y para encarar una reforma estructural del sistema energético.
Consultado sobre si el ajuste debería hacerse de manera gradual, Hidalgo fue categórico en rechazar esa posibilidad. Explicó que un incremento progresivo generaría múltiples impactos inflacionarios repetidos, encareciendo los productos hasta en 100% en cada subida y afectando tres veces al consumidor final. Sostuvo que los comerciantes suelen priorizar su propio margen antes que la situación de la población, lo que provocaría una cadena de aumentos difícil de controlar.
Por ello, planteó que el ajuste debe realizarse “de shock”, en una sola ocasión, permitiendo que los precios se sinceren de inmediato y evitando la permanencia de bolsones de mercado negro. Advirtió que mientras existan precios diferenciados, persistirá la especulación, el contrabando y la manipulación en torno a los carburantes.
Además, consideró que el actual contexto, marcado por un tipo de cambio relativamente bajo, es el momento más oportuno para encarar el levantamiento de la subvención, ya que el costo real del combustible se ubicaría entre 9 y 10 bolivianos por litro y no entre 14 y 15 como se proyectaba en otros escenarios.
Finalmente, Hidalgo reconoció que la medida podría perjudicar a muchas familias, especialmente en temporada de fiestas, pero insistió en que es una decisión inevitable. Afirmó que la “sangría” fiscal no puede continuar y llamó a la población y a los sectores económicos a apoyar al Gobierno en caso de avanzar hacia un sinceramiento del precio de los carburantes. También pidió evitar discursos de rechazo anticipado al ajuste, porque —según dijo— lo más dañino sería frenar una decisión que él considera urgente para estabilizar la economía nacional.
