Varios asambleístas departamentales del MAS han decidido desafiliarse del partido, argumentando razones políticas y éticas, pero sin renunciar a sus cargos ni a sus salarios. José Yucra formalizó su renuncia ante el Tribunal Electoral, denunciando que la sigla ha sido «secuestrada» por el actual gobierno y señalando que no quiere ser cómplice de la corrupción ni del narcotráfico. Otros legisladores, como Osvaldo Yucra y Eyder Quiroga, han manifestado su intención de seguir el mismo camino, asegurando que su lealtad es con el pueblo y no con la dirigencia del MAS.
A pesar de su renuncia al partido, los legisladores han dejado claro que no cederán sus curules, sosteniendo que fueron elegidos por voto popular y no por la organización política. Osvaldo Yucra afirmó que su cargo no es propiedad del MAS y que continuará trabajando desde las organizaciones sociales. En tanto, Eyder Quiroga criticó la actual conducción del partido y la gestión del presidente Luis Arce, asegurando que el MAS está perdiendo apoyo y que la crisis interna debilita su presencia en la política nacional.
Sin embargo, desde el sector «Arcista» del MAS, Henry Párraga ha exigido que quienes renuncien también entreguen sus curules, argumentando que estos pertenecen al partido y no a los individuos. Citó la Ley 1096 de Organizaciones Políticas para denunciar un posible caso de transfugio político y señaló que el MAS iniciará los trámites ante el Tribunal Electoral para recuperar los escaños. Según Párraga, la sigla del MAS es clave para el triunfo electoral en muchas regiones, por lo que los disidentes deberían ser reemplazados por los siguientes candidatos en prelación dentro del partido.
El conflicto ha abierto un debate sobre la representatividad y la pertenencia de los cargos electos, con una pugna entre los asambleístas disidentes y la dirigencia del MAS. Mientras los renunciantes insisten en que representan a sus votantes y no a la cúpula partidaria, los oficialistas consideran que al dejar el MAS han perdido la legitimidad de sus curules. La disputa podría escalar a instancias judiciales y afectar la composición de la Asamblea Departamental, reflejando la crisis interna que atraviesa el partido gobernante.