Diputados del oficialismo y de la oposición anunciaron el inicio de acciones legales contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, a quien acusan de emitir declaraciones ofensivas que vulneran la dignidad de los legisladores y afectan la institucionalidad del Órgano Legislativo.
La polémica se desató tras la difusión de un video en la cuenta de TikTok de Lara, en el que calificó a las cámaras de Diputados y Senadores como “una olla de corrupción”, asegurando que la mayoría de los legisladores negocia y transa decisiones políticas, y que solo unos pocos se salvan de ese calificativo.
En sus declaraciones, Lara también acusó a los asambleístas de repartirse cargos en instituciones como la Aduana e Impuestos para aprobar créditos externos, y los tildó de “una bola de corruptos”, afirmando que no les teme y que continuará diciendo “las verdades en su cara”.
El diputado Omar Muriel (Libre) señaló que existe indignación generalizada en la Asamblea y cuestionó el comportamiento reiterado del Vicepresidente. Indicó que, si bien su entorno político tolera ese discurso, las ofensas no pueden ser admitidas cuando dañan a una institución del Estado.
Muriel afirmó que la Directiva del Legislativo ya definió activar procesos penales y recordó que la Asamblea tiene las facultades legales para acudir a los estrados judiciales. Además, adelantó que, tras el receso legislativo, se impulsarán las acciones legales hasta lograr una resolución que obligue a Lara a retractarse públicamente.
En la misma línea, la diputada Liz Balhuarte (PDC) denunció haber sido difamada y calumniada, y anunció que recurrirá a la justicia para defender su honra y dignidad, rechazando cualquier intento de descalificación personal bajo generalizaciones.
Por su parte, el diputado Carlos Alarcón (Unidad) exigió a Lara que presente pruebas de sus acusaciones y advirtió que, de no hacerlo, se procederá con juicios penales y acciones ante el tribunal de honor. Señaló que no se trata solo de ataques personales, sino de una afectación directa al proceso de recuperación de la institucionalidad democrática.
Vía: La Razón