El gobierno argentino ha decidido no dar explicaciones a Bolivia por la construcción de una cerca de 200 metros en la frontera con el país, en la localidad de Aguas Blancas.
Mientras la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, defendió la medida como una estrategia contra el narcotráfico, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró que la valla se encuentra dentro del territorio argentino y no invade la frontera boliviana. Desde Bolivia, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, restó importancia al tema, señalando que el alambrado representa solo el 0,026% de los 760 kilómetros de frontera y que “todos los muros caen”.
La Cancillería boliviana expresó su preocupación por la decisión unilateral de Argentina y recordó que los temas fronterizos deben resolverse mediante el diálogo bilateral. Bolivia mantiene acuerdos internacionales y regionales para combatir el crimen organizado, el contrabando y el narcotráfico, por lo que considera que cualquier acción unilateral podría afectar las relaciones de buena vecindad.
Desde Argentina, el exembajador Ariel Basteiro calificó el cerco como una medida ineficaz, recordando que en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se intentó una estrategia similar en la Quiaca sin éxito. Por su parte, Bullrich justificó la decisión asegurando que la frontera con Bolivia es un punto de alto tráfico de drogas y crimen organizado, lo que motivó el refuerzo del control.
El conflicto se suma a la decisión de Argentina de intensificar la vigilancia en otras fronteras, como las de Brasil y Paraguay, donde se implementarán operativos más estrictos. Bullrich mencionó que la Triple Frontera es una zona de alta criminalidad, por lo que su gobierno reforzará la seguridad en estas áreas. Mientras tanto, Bolivia insiste en que este tipo de medidas deben ser coordinadas a nivel bilateral para evitar tensiones diplomáticas.
Vía: Los Tiempos