El abogado autonomista Esteban Ortuño Cazón ha declarado que cualquier intento de interrumpir las elecciones por la fuerza será considerado un delito electoral, penado por la ley.
En una reciente intervención, Ortuño Cazón enfatizó que la ley electoral es clara: si en un recinto electoral se presenta desorden público, los jurados electorales tienen la autoridad para suspender la votación. Sin embargo, esta suspensión no afectará el desarrollo de las elecciones en otras partes del país, donde se espera que se realicen en un ambiente de paz.
El abogado advirtió que aquellos que planifiquen y ejecuten actos de violencia con el objetivo de interrumpir las elecciones incurrirán en delitos tanto electorales como penales.
A pesar de las tensiones, Ortuño Cazón expresó su confianza en que el Movimiento al Socialismo (MAS) no tiene la capacidad de generar disturbios significativos, ya que su influencia se limita principalmente a la región del Chapare.
Ortuño Cazón subrayó que el sufragio es un derecho colectivo fundamental y que la ciudadanía debe poder ejercer su voto sin ser coaccionada por grupos violentos.
En caso de que se produzcan desmanes, instó a las autoridades, incluyendo a la policía y la fiscalía, a tomar medidas adecuadas y a iniciar procesos penales contra los responsables. La integridad del proceso electoral, según el abogado, debe ser protegida para garantizar que la voz del pueblo sea respetada.
