Desde el lunes 26 de enero, el Gobierno iniciará en todo el país el pago del Bono PEPE, un apoyo económico extraordinario creado para asistir a sectores vulnerables afectados por la crisis económica y climática. El beneficio será canalizado a través del sistema financiero nacional y se estima que alcanzará a cerca de 1,4 millones de personas.
El Bono PEPE forma parte del Programa Extraordinario de Protección y Equidad, ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). El plan contempla tres pagos mensuales de Bs 150, lo que suma un total de Bs 450 por beneficiario, destinados a aliviar la situación económica de familias en condición de vulnerabilidad.
De acuerdo con el MEFP, los beneficiarios serán identificados mediante bases de datos consolidadas del Estado, un mecanismo que busca garantizar una focalización precisa y evitar la doble percepción del bono. Las entidades financieras aguardan los lineamientos finales para iniciar los desembolsos de manera ordenada.
Entre los beneficiarios figuran mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy de Padilla —incluidas menores de edad a través de un tutor—, personas con discapacidad visual y personas con discapacidad grave o muy grave registradas en los sistemas oficiales, así como adultos mayores que perciben la Renta Dignidad en calidad de no rentistas.
También accederán al bono los padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, a razón de un pago por grupo familiar. Según el documento oficial del programa, cerca del 79% de la población boliviana ya forma parte de algún sistema de protección social, lo que facilita la identificación de los beneficiarios.
El pago del Bono PEPE se realizará en entidades del sistema financiero habilitadas, principalmente aquellas que ya pagan la Renta Dignidad, lo que asegura cobertura en casi todos los municipios del país. La red incluye bancos, cooperativas y entidades financieras con atención tanto en áreas urbanas como rurales.
Para regiones alejadas o con población dispersa, el programa prevé medidas especiales como horarios extendidos, atención en días de feria y brigadas móviles de pago, con el objetivo de evitar que los beneficiarios queden excluidos por dificultades geográficas.
El Gobierno, en coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), instruyó a las entidades financieras a aplicar protocolos de seguridad estrictos durante el proceso. Las autoridades recomiendan no compartir datos personales, acudir únicamente a puntos oficiales y desconfiar de llamadas o mensajes que soliciten dinero para “habilitar” el cobro.
El MEFP informó que toda la información oficial sobre el Bono PEPE será difundida por medios de comunicación, radios comunitarias, plataformas digitales y oficinas públicas. La estrategia busca prevenir fraudes, evitar la desinformación y garantizar un pago transparente y ordenado en todo el país.
Vía: El Deber