El gerente del Proyecto Múltiple San Jacinto, José Valdez Bustos, calificó como “político” el juicio penal anunciado en su contra y contra el gobernador de Tarija, cuya audiencia está prevista para el próximo 20 de febrero. La autoridad aseguró que el proceso fue impulsado por la asambleísta departamental Romina Salazar y afirmó que la denuncia no tiene sustento técnico ni legal, sino que responde a intereses partidarios.
Valdez negó de manera categórica haber cometido algún delito o irregularidad en el ejercicio de sus funciones dentro del área de influencia del proyecto. “No hemos robado ni un peso al Estado”, sostuvo, al remarcar que no existe daño económico alguno ni uso indebido de recursos públicos, como se señala en la acusación.
Respecto a la denuncia por un supuesto uso indebido de bienes y trabajos realizados en predios que no corresponderían al proyecto, el gerente explicó que las intervenciones se efectuaron dentro del área de influencia del sistema de riego, la cual —según dijo— está claramente delimitada y respaldada por decretos supremos y normas legales vigentes. Para sustentar su versión, presentó mapas y documentación que, aseguró, demuestran que los trabajos se realizaron conforme a los objetivos del proyecto San Jacinto.
Asimismo, rechazó el argumento de que la beneficiaria del riego no sería regante, calificando esa afirmación como falsa. Indicó que la usuaria cuenta con derechos de riego desde el año 2003 y que existen documentos emitidos por jueces de agua y por el propio sistema de riego que avalan dicha condición, además de autorizaciones formales de las asociaciones correspondientes.
Valdez recordó que la asociación de regantes del Proyecto Múltiple San Jacinto obtuvo su personería jurídica en 2011, aunque el sistema de riego ya operaba desde años antes. En ese sentido, aseguró que toda la documentación respaldatoria fue presentada oportunamente ante el Ministerio Público y que, a su criterio, el caso ya debía haberse desvirtuado en instancias preliminares.
Finalmente, el gerente denunció una presunta persecución política contra funcionarios públicos, la cual —según afirmó— se originó durante la anterior gestión de gobierno. Criticó que la asambleísta denunciante haya adelantado criterios de culpabilidad ante la prensa, sin esperar una resolución judicial, y reiteró que confía en que la justicia demostrará que no existió ningún ilícito ni perjuicio al Estado.