El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Damián Castillo, informó que la institución inicia la gestión 2026 en un contexto económico crítico, arrastrando deudas de la pasada gestión y con un presupuesto que considera insuficiente para cubrir plenamente sus obligaciones. Señaló que la complicada situación financiera del Gobierno Departamental también impacta de manera directa en la Asamblea.
Castillo explicó que, pese a los ajustes realizados en 2025, no se logró equilibrar las finanzas. Recordó que el presupuesto inicial del año pasado era de 17,5 millones de bolivianos, monto que fue reducido a aproximadamente 15 millones tras disminuir frecuencias, bajar sueldos y aplicar otras medidas de austeridad. Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes para evitar el déficit.
Para la gestión 2026, el presidente de la ALDT detalló que el techo presupuestario asignado por la Gobernación, en función de los parámetros establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, asciende a 14,7 millones de bolivianos. Afirmó que este monto apenas alcanza para cubrir lo mínimo y básico del funcionamiento institucional, advirtiendo que, al ritmo de gasto de los últimos años, los recursos no llegarán hasta fin de gestión.
Asimismo, expresó su preocupación porque el presupuesto aprobado podría no ejecutarse al 100%, debido a la continua caída de los ingresos por hidrocarburos. Indicó que se tenía expectativa en que el proyecto de reducción del número de asambleístas avance, ya que ello habría otorgado mayor margen financiero al Gobierno Departamental, pero lamentó que esa iniciativa no haya prosperado.
Castillo reveló que la Asamblea mantiene deudas pendientes correspondientes a diciembre de 2025, principalmente por sueldos, las cuales superarían entre 1,7 y 1,8 millones de bolivianos. Frente a este panorama, señaló que se evalúan nuevas medidas de reajuste interno para evitar un mayor deterioro financiero.
Finalmente, el titular de la ALDT afirmó que la prioridad será no incurrir en nuevos endeudamientos y garantizar la sostenibilidad institucional al menos hasta el mes de mayo. Reconoció que será necesario aplicar un nuevo reajuste presupuestario, ya que existe el riesgo de que los recursos transferidos no lleguen en su totalidad, lo que obligará a tomar decisiones para evitar un déficit mayor durante la gestión 2026.