El defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, informó que esa institución realizará un seguimiento permanente y un relevamiento de información tras la decisión del Tribunal Agroambiental de Entre Ríos, que dispuso la paralización temporal por 30 días de las actividades de exploración petrolera de PETROBRAS en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Tariquía. La medida fue establecida mediante un auto interlocutorio emitido en el marco de un proceso agroambiental.
Calisaya explicó que, además de ordenar la suspensión de las actividades extractivas, el Tribunal Agroambiental instruyó la solicitud de información a todas las instancias estatales involucradas, con el objetivo de revisar cómo se otorgó la licencia ambiental al proyecto. En ese marco, se analizará si se cumplieron los requisitos legales, especialmente en lo referido a la consulta pública y a los procedimientos ambientales establecidos por la normativa vigente.
Asimismo, el defensor del Pueblo señaló que el fallo también encomienda a la Defensoría realizar un relevamiento detallado de información sobre las personas que ejercen la defensa ambiental en la zona. Este trabajo permitirá identificar a los defensores ambientales y remitir los datos al juzgado agroambiental, para que esa autoridad pueda evaluar y disponer las medidas de protección que correspondan.
Calisaya remarcó que la Defensoría ya inició estas diligencias y realizó visitas in situ, manteniendo contacto directo con los comunarios y defensores del territorio. En ese contexto, enfatizó que la defensa del agua, de la tierra y del medio ambiente no constituye un delito, sino una lucha legítima por la vida y por la preservación de los recursos naturales.
El Defensor del Pueblo reiteró el compromiso institucional de acompañar y vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la justicia agroambiental, asegurando que se realizará un seguimiento constante tanto al proceso de revisión de la licencia ambiental como a la situación de los defensores ambientales que podrían estar en riesgo.
Finalmente, Calisaya indicó que, una vez concluido el relevamiento de información, esta será remitida oportunamente al Tribunal Agroambiental de Entre Ríos, a fin de que se adopten decisiones fundamentadas. Señaló que la Defensoría del Pueblo continuará presente en el territorio y coordinando acciones con su delegación departamental, reafirmando su rol de vigilancia y protección de los derechos colectivos y ambientales en el caso Tariquía.