El vicepresidente Edmand Lara presentó este jueves, junto a un grupo de asambleístas, un proyecto de ley destinado a frenar los artículos que considera inconstitucionales de los decretos supremos 5503 y 5515, en medio de un clima de protestas sociales y cuestionamientos a las recientes decisiones del Ejecutivo.
Durante el acto de presentación, Lara afirmó que la iniciativa busca restituir el rol constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional y resguardar los recursos naturales del país, aclarando que no se trata de una confrontación con el presidente ni de un conflicto directo con el Órgano Ejecutivo.
El Decreto Supremo 5503, promulgado en diciembre, eliminó la subvención a los combustibles e introdujo medidas de ajuste económico que provocaron un alza de precios y generaron movilizaciones en distintos puntos del país, con bloqueos y protestas de sectores sociales y laborales.
A su vez, el Decreto Supremo 5515 autorizó al presidente a gobernar desde el exterior mediante el uso de tecnologías de la información y redujo algunas atribuciones del Vicepresidente, lo que abrió un debate político y jurídico sobre el alcance de estas disposiciones.
Lara remarcó que el proyecto no plantea la abrogación total de ambos decretos, sino únicamente la suspensión de aquellos artículos que, a su criterio, vulneran la Constitución Política del Estado y el Estado de Derecho. “No pretendemos eliminar todo, sino frenar lo inconstitucional”, enfatizó.
El vicepresidente sostuvo que la propuesta responde directamente a las demandas ciudadanas expresadas en las calles y carreteras, y afirmó que la Asamblea debe actuar no solo como instancia política, sino también como representante del descontento social frente a medidas que afectan la economía familiar.
Asimismo, advirtió que los decretos cuestionados ponen en riesgo el control de los recursos naturales y podrían dejar áreas estratégicas del país “a disposición de intereses extranjeros”, por lo que consideró urgente una acción legislativa correctiva.
El proyecto será remitido a la Comisión de Constitución para su tratamiento, aunque el presidente del Senado, Diego Ávila, advirtió que una ley no puede anular un decreto supremo y recordó que el Legislativo no puede regular competencias operativas del Ejecutivo, salvo que se demuestre una invasión de atribuciones, anticipando un debate jurídico de alto nivel.
Vía: La Razón