El ministro de Planificación, Fernando Romero, aclaró que los créditos de libre disponibilidad no significan recursos para uso irrestricto, sino que están destinados a cubrir deudas acumuladas por gestiones anteriores y a reponer gastos previamente ejecutados por el Estado.
La declaración surge en medio de dudas surgidas en la bancada legislativa del presidente Edmand Lara respecto a un préstamo de $us 550 millones otorgado por la CAF.
Romero explicó que este financiamiento, parte de un paquete mayor de $us 3.100 millones acordado días antes de que Rodrigo Paz asumiera la Presidencia, está sujeto a las categorías que aplican los organismos internacionales y que no permite al Ejecutivo utilizar el dinero sin restricciones. “No es un crédito para hacer lo que uno quiera”, subrayó.
El ministro señaló que estos préstamos pasan por rigurosos filtros de control y procesos de aprobación, tanto del financiador internacional como del Banco Central de Bolivia (BCB), donde ingresan en dólares para su administración.
Indicó que los fondos permitirán cubrir más de 30 mil ítems vinculados a deuda flotante, reposición de gastos y compromisos pendientes del Estado. Aseguró que su uso permitirá demostrar que el país mantiene su responsabilidad financiera.
Uno de los créditos en trámite es el otorgado por la cooperación japonesa JICA en 2023, por un total de 15.000 millones de yuanes (equivalentes a $us 95 millones), destinado a reponer gastos realizados durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
Este préstamo enfrentó múltiples rechazos durante la gestión de Luis Arce debido a la falta de consenso en el MAS y la fragmentación en las bancadas opositoras. Finalmente, la Cámara de Diputados lo aprobó la noche de este jueves y lo envió al Senado para su revisión.
En agenda también figura un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $us 30 millones, destinado a la construcción de un parque lineal entre La Paz y El Alto, otro préstamo estancado desde la administración anterior.
El debate legislativo continúa mientras el Gobierno insiste en que estos créditos buscan restablecer la capacidad de gestión financiera del Estado y no representan riesgos de discrecionalidad, sino mecanismos para regularizar obligaciones pendientes.
Vía: El Día