La Fiscalía presentó este jueves una imputación formal contra el expresidente y exministro de Economía Luis Arce Catacora, solicitando que sea enviado por tres meses al penal de Qhalauma, en Viacha, por presunta malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso del Fondo Indígena, uno de los mayores escándalos de corrupción del MAS.
El Ministerio Público argumentó riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, y la audiencia cautelar será fijada en las próximas horas.
Arce pasó la noche bajo custodia en las celdas de la Felcc, donde recibió visitas de familiares, personal de la Defensoría del Pueblo y técnicos del IDIF. Según la imputación, a la que accedió EL DEBER, el exmandatario habría sugerido, promovido y autorizado desvíos de fondos desde el Fondioc hacia cuentas particulares, aprovechando su rol en el directorio de la entidad.
El documento señala que Arce aprobó proyectos con documentación incompleta, avaló transferencias irregulares y permitió la ejecución de iniciativas con observaciones técnicas. Durante su declaración informativa se acogió al derecho al silencio, lo que fue destacado por la Fiscalía como un elemento adicional para solicitar su detención.
Uno de los pilares de la acusación es el proyecto de la exdirigente campesina y exdiputada Lidia Patty, que recibió Bs 669.876 para la construcción de invernaderos en 2010. El informe fiscal sostiene que el desembolso se realizó directamente a la cuenta personal de Patty pese a que el proyecto tenía observaciones y listados dudosos de beneficiarios. Patty se encuentra actualmente detenida en el penal de Obrajes.
La Fiscalía también mencionó una sesión del directorio realizada en Tarija en noviembre de 2009, durante la cual Arce habría señalado que proyectos no incluidos en la Ley Financial podrían ejecutarse posteriormente, lo que, según la imputación, abrió la puerta a desvíos millonarios. El Ministerio Público anunció que convocará a 24 testigos clave, entre ellos Nemesia Achacollo y Felipa Huanca.
El Ministerio Público justificó su pedido de encarcelamiento señalando que aún deben realizarse actos investigativos como inspecciones oculares, declaraciones de otros sindicados y pericias complementarias para “establecer la verdad histórica del hecho”. La magnitud del caso exige —según los fiscales— mantener a Arce privado de libertad mientras avanza la investigación.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el daño económico asciende a Bs 360 millones, aunque estimaciones adicionales elevan la cifra a más de $us 700 millones en hechos conexos. Aseguró que el caso será llevado “hasta las últimas consecuencias”, en línea con la instrucción del presidente Rodrigo Paz de profundizar la lucha contra la corrupción.
El caso Fondo Indígena, que cobró notoriedad gracias a las denuncias del fallecido exdirector Marco Antonio Aramayo, vuelve al centro del debate nacional con un expresidente del Estado entre los principales acusados, marcando un momento crítico para la política boliviana.
Vía: El Deber