La directora del SEDEGES, María Esther Valencia Vasco, presentó un balance nacional sobre los casos de violencia contra la mujer, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, recordado el 25 de noviembre.
Según los datos oficiales, las denuncias registradas en la Fiscalía muestran variaciones en los últimos años: en 2021 se contabilizaron 34.000 denuncias; en 2022, 36.000; en 2023, 35.000; y en 2024, 34.000. Para 2025, hasta septiembre, se reportaron 23.639 denuncias, evidenciando una reducción parcial respecto a gestiones anteriores.
En cuanto a feminicidios, Valencia explicó que la cifra también ha mostrado un descenso desde 2021, aunque no en proporciones significativas. Ese año se registraron 108 casos, mientras que en 2022 fueron 95, en 2023 bajó a 81, en 2024 subió ligeramente a 84 y en lo que va de 2025 se han contabilizado 71 feminicidios a nivel nacional.
En el departamento de Tarija la autoridad destacó que solo se registró un caso en toda la gestión, una cifra que esperan mantener sin variación hasta fin de año.
La directora atribuyó la disminución moderada de las denuncias y feminicidios al trabajo de prevención desarrollado por diversas instituciones públicas y privadas. En esta gestión, el SEDEGES y el Centro de Desarrollo de Género (CDG) intervinieron en más de 5.000 estudiantes de unidades educativas entre los niveles primario y secundario, promoviendo información y acciones para identificar y frenar situaciones de violencia. Sin embargo, aclaró que solo trabajar con estudiantes no es suficiente para revertir las conductas violentas.
En ese sentido, Valencia remarcó que se está interviniendo también con padres de familia, ya que muchos comportamientos violentos se originan y normalizan dentro del hogar.
Señaló que prácticas como los gritos, las peleas y el consumo de alcohol frente a los hijos se reproducen de generación en generación, lo que perpetúa el círculo de la violencia. Por ello, enfatizó en la necesidad de modificar actitudes desde el núcleo familiar para prevenir que los niños adopten y repitan esos patrones en su vida adulta.
Finalmente, destacó que Bolivia cuenta con uno de los marcos legales más completos de Hispanoamérica en materia de protección y prevención de violencia, con leyes y políticas que incluso son replicadas por otros países. No obstante, advirtió que el principal desafío está en la falta de presupuesto destinado a su implementación.
A nivel nacional, explicó, gobernaciones y alcaldías apenas asignan alrededor del 1% de su presupuesto al área de desarrollo humano, lo que limita seriamente la ejecución de programas orientados a reducir la violencia y fortalecer la atención a las víctimas.
