El economista Fernando Romero analizó las recientes medidas económicas anunciadas por el Gobierno nacional y sostuvo que, más que decisiones de fondo, se trata de “inicios” que aún no representan un viraje estructural.
Romero explicó que varias de las reformas importantes recién podrían implementarse en 2026, debido a los tiempos políticos y a la proximidad de las elecciones subnacionales, un escenario en el que el gobierno de Rodrigo Paz —junto con sus aliados— evitaría asumir medidas impopulares que puedan restar apoyo territorial.
Según Romero, los anuncios realizados hasta ahora, como la creación de nuevos impuestos de bajo impacto y los pagos pendientes a proveedores, pueden generar cierta dinámica económica, pero no resuelven los problemas centrales del país. No abordan temas urgentes como la inflación, el abastecimiento de productos, ni la escasez de carburantes, elementos que siguen presionando a la economía boliviana. Por ello, considera que estas disposiciones no estabilizan el panorama macroeconómico.
Entre los anuncios, Romero destacó el ajuste fiscal como el elemento más relevante. El ministro mencionó una reducción del 30%, aunque sin precisar si se aplicará en el primer trimestre o durante toda la gestión 2025. De acuerdo con el economista, un ajuste de ese tamaño podría significar alrededor de 100.000 millones de bolivianos, lo que generaría recortes en empresas estatales y modificaciones en la subvención a los carburantes. Sin embargo, advirtió que estas decisiones también podrían provocar un fuerte impacto social, especialmente en empleo y pobreza.
Romero explicó que, si se concreta esa reducción del gasto estatal, el déficit fiscal podría bajar del 11-12% del PIB a un rango cercano al 7-8% en 2026. No obstante, lamentó la falta de detalles sobre cómo se ejecutará esa reestructuración, ya que una medida de este tipo suele implicar ajustes en salarios, despidos en el sector público y reducción del aparato estatal. Por ello, alertó sobre los posibles costos sociales, incluida una “masacre blanca”, si la política de austeridad recae sobre el empleo.
Finalmente, el economista comparó la situación actual con la aplicada por Víctor Paz en 1985, cuando en menos de un mes se ejecutaron medidas de shock mediante el Decreto 21060. En contraste, indicó que el gobierno de Rodrigo Paz parece descartar un shock económico y optar por un camino gradualista.
Según Romero, este enfoque podría tardar más en mostrar resultados, en un contexto en el que el recetario económico convencional sugiere implementar ajustes fuertes en un plazo máximo de cuatro semanas cuando un país enfrenta una crisis severa.
