Chile cierra una de las campañas presidenciales más tensas de las últimas décadas, marcada casi exclusivamente por el debate sobre la delincuencia y el crimen organizado. A pocos días de la elección del domingo 16, la inseguridad se consolidó como el eje central de las propuestas, obligando incluso a la candidata oficialista, Jeannette Jara, a adoptar una agenda que históricamente ha sido bandera de la derecha. En la vereda opuesta, los tres postulantes conservadores compiten entre sí con discursos cada vez más duros y promesas de mano firme.
El temor ciudadano ha alcanzado niveles inéditos, al punto de que una mayoría está dispuesta a ceder libertades públicas y privadas para frenar la delincuencia, según la última encuesta del CEP. En este clima, las candidaturas de José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei —quienes insisten en que Chile atraviesa una crisis crítica— emergen como las favoritas del electorado para el periodo 2026-2030. Matthei, considerada la voz moderada del sector, elevó el tono al prometer “cárcel o cementerio” para los delincuentes.
Expertos coinciden en que el problema se ha profundizado debido al avance del crimen organizado. Juan Pablo Luna, académico especializado en mercados ilegales, sostiene que Chile ya no posee la capacidad institucional que se creía suficiente para contener la expansión criminal. La proliferación de bandas, la disputa territorial y la diversificación de actividades ilícitas han alterado estructuras que antes parecían sólidas.
El gobierno de Gabriel Boric tampoco escapó a este panorama. Aunque la seguridad no figuraba entre sus prioridades iniciales, la presión ciudadana obligó a un giro estratégico. La llegada de Carolina Tohá al Ministerio del Interior marcó un punto de inflexión: desde entonces se han debido enfrentar delitos que antes eran poco comunes en el país, como secuestros extorsivos, trata de personas y homicidios vinculados a organizaciones transnacionales.
Un reciente informe nacional reveló que la tasa de homicidios en Chile alcanzó los 6 por cada 100.000 habitantes, el doble que hace diez años. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo que el país debe aspirar a regresar a cifras cercanas al 3,0, alertando que la circulación de armas de fuego está estrechamente asociada al aumento de delitos violentos. Este indicador, sin embargo, sigue siendo bajo comparado con otras naciones de la región como Ecuador, cuya tasa llega a 38.
Pese a esto, Chile es uno de los países con mayor temor ciudadano del mundo. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, advierte que el miedo supera ampliamente la realidad delictiva, y que este desbalance ha sido explotado por todas las campañas políticas. La percepción de inseguridad, más que los datos duros, se ha convertido en el verdadero motor del clima electoral.
Las propuestas de los candidatos reflejan esta atmósfera: desde cárceles de alta seguridad en el desierto de Atacama (Matthei), hasta la pena de muerte para ciertos delitos (Kaiser) y un “Plan Implacable” basado en ampliar la legítima defensa (Kast). Jara, por su parte, apuesta por perseguir la ruta del dinero ilícito mediante el levantamiento del secreto bancario. Así, Chile llega a la jornada electoral inmerso en un debate donde la seguridad supera cualquier otra preocupación nacional.
Vía: El País, España