El exfiscal anticorrupción Anghelo Saravia, quien lideró la investigación del polémico caso Martín Belaunde, destapó nuevas acusaciones sobre presuntos hechos de extorsión y encubrimiento que habrían involucrado a exautoridades del gobierno de Evo Morales y del Órgano Judicial. Paralelamente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), encabezado por Rómer Saucedo, anunció que instruyó a los tribunales departamentales del país verificar los antecedentes judiciales del actual ministro de Justicia, Freddy Vidovic, en medio de crecientes controversias.
Saravia aseguró que durante el proceso contra el empresario peruano Martín Belaunde Lossio se manipularon declaraciones y se destruyeron pruebas que vinculaban a exministros y altos funcionarios. Según su testimonio, Belaunde y Juliano Arista, conocido como “El Curaca Blanco”, confesaron haber entregado dinero al entonces ministro de Gobierno Hugo Moldiz y al magistrado Pastor Mamani, a cambio de protección y refugio político. “Esa declaración fue modificada bajo presión”, denunció el exfiscal, señalando al exfiscal departamental Paul Franco como uno de los responsables de encubrir los hechos.
Asimismo, Saravia apuntó contra el exfiscal general Ramiro Guerrero, a quien acusó de haber “direccionado” el caso para proteger a las autoridades del gobierno de Morales. Sostuvo que una declaración clave fue destruida y que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) también estuvo implicada en la trama. No obstante, aclaró que Freddy Vidovic, quien ejerció la defensa de Belaunde en su momento, no participó en ningún acto de corrupción ni realizó pagos indebidos. “Si alguien dice lo contrario, que lo demuestre documentalmente”, expresó.
En respuesta a las versiones mediáticas, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, informó que los nueve tribunales departamentales del país deben remitir en un plazo de 24 horas los informes sobre posibles procesos o antecedentes judiciales de Vidovic. “Si existiera una sentencia ejecutoriada, la haremos pública. Actuaremos con transparencia y respeto a la independencia de poderes”, subrayó Saucedo, destacando que un ciudadano con condena firme no puede ejercer funciones públicas.
El caso Belaunde continúa siendo uno de los episodios más controvertidos de la historia judicial reciente. El empresario peruano, exasesor del expresidente Ollanta Humala, fue detenido en Bolivia en 2015 tras fugarse de su arresto domiciliario en La Paz, lo que derivó en una crisis diplomática con Perú. Saravia defendió que la recaptura fue mérito de la Fiscalía y la Policía, y no del Ministerio de Gobierno, como afirmó en su momento Carlos Romero. “Fue un trabajo de inteligencia fiscal, no político”, remarcó.
En medio de este contexto, el abogado Guery Pereira Terrazas, defensor de Vidovic y del vicepresidente Edmand Lara, denunció que el actual ministro de Justicia es víctima de una campaña mediática orquestada para desacreditar su designación. Pereira aseguró que no existe sentencia ni juicio previo contra Vidovic, y que el caso fue “fabricado por grupos de poder” del anterior gobierno. “No hay prueba legal de condena alguna; fue una maniobra política”, sostuvo el jurista.
Pereira añadió que la supuesta condena provendría de declaraciones forzadas bajo amenazas por parte de un exagente conocido como ‘Tamala, el torturador’, quien habría obligado a Vidovic a firmar hojas en blanco. Según el abogado, ese material fue luego manipulado para crear un expediente falso. “Queremos ver el cuaderno procesal completo; no existe juicio ni imputación formal”, reclamó. Finalmente, denunció haber sido también víctima de persecución durante el gobierno del MAS y advirtió que la campaña contra Vidovic busca minar la legitimidad del nuevo gabinete.
Entre denuncias cruzadas, presuntas manipulaciones judiciales y llamados a la transparencia, el caso Belaunde vuelve al centro del debate nacional, poniendo en tensión al sistema judicial y al flamante ministro de Justicia en un momento político particularmente sensible para el nuevo gobierno boliviano.
Vía: El Deber