El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó que cárteles internacionales operan actualmente en Bolivia, lo que ha llevado al Gobierno a preparar un nuevo plan integral de lucha contra el narcotráfico. La estrategia contará con el respaldo técnico y logístico de la DEA de Estados Unidos y agencias policiales de la Unión Europea, en un intento por fortalecer las capacidades nacionales frente a redes criminales transnacionales.
En entrevista con la red Unitel, Justiniano advirtió que el narcotráfico ha convertido a Bolivia en un punto estratégico para el tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas. “El país se ha vuelto un lugar atractivo para los cárteles internacionales, y no podemos enfrentarlos solo con fuerza local; necesitamos cooperación”, afirmó la autoridad, subrayando que la lucha antidroga debe ser encarada como una tarea global y coordinada.
El nuevo plan, que será presentado oficialmente en las próximas semanas, pretende recuperar el control territorial del Estado en zonas donde los narcotraficantes han consolidado influencia. Justiniano adelantó que se reforzarán las operaciones conjuntas entre la Policía boliviana, las Fuerzas Armadas y las agencias extranjeras, con un enfoque en inteligencia, tecnología y rastreo satelital.
Según explicó, las regiones de mayor vulnerabilidad continúan siendo los Yungas, el Chapare y las fronteras con Brasil y Paraguay, donde operan laboratorios y rutas de envío de droga hacia mercados internacionales. “Tenemos que impedir la producción y salida de cocaína del país; la prioridad es cortar los vínculos de estas redes antes de que sigan expandiéndose”, remarcó.
El funcionario insistió en que la colaboración con la DEA y la Unión Europea no implica subordinación política, sino un acuerdo basado en intercambio de información, tecnología y cooperación técnica. “No buscamos tutelaje, sino cooperación. La soberanía nacional no está en riesgo cuando el objetivo es defender al país de un crimen que no conoce fronteras”, puntualizó Justiniano.
El retorno de la DEA a Bolivia, expulsada en 2008 durante el gobierno de Evo Morales, ha generado críticas desde sectores cocaleros del Trópico de Cochabamba, que consideran la medida una intromisión extranjera. Sin embargo, el Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que el aislamiento internacional debilitó la lucha antidroga y que es necesario reinsertarse en una red global de cooperación para enfrentar el narcotráfico.
Finalmente, Justiniano sostuvo que la nueva política antidroga combinará cooperación internacional, transparencia y respeto a la soberanía, enmarcada en un enfoque integral que incluye el desarrollo alternativo, el control de cultivos y la persecución financiera a las redes criminales. “Esta lucha no es solo contra la cocaína, sino por recuperar la seguridad, la institucionalidad y la confianza del mundo en Bolivia”, concluyó.