El exdiputado nacional Adrián Vega expresó su satisfacción tras conocerse que la Interpol reforzará los controles migratorios en el país para garantizar el cumplimiento de la Ley 1352, que establece el arraigo obligatorio de las exautoridades del Estado por 90 días después de concluir sus funciones.
Vega destacó que esta medida responde a las demandas ciudadanas que pedían una mayor vigilancia para evitar que exfuncionarios implicados en hechos de corrupción abandonen el país sin rendir cuentas. “Por fin hemos sido escuchados, en Bolivia nadie se cansa, nadie se rinde y hoy nadie se escapa”, señaló.
Según el exparlamentario, la decisión de la Interpol implica que la Contraloría General del Estado deberá remitir la lista completa de las exautoridades que están sujetas a permanecer en territorio nacional.
Vega consideró que esta acción representa un avance en la lucha contra la impunidad y la corrupción, y resaltó que el país vive un momento clave para fortalecer la transparencia pública. “Hemos logrado torcerle el brazo a la impunidad”, dijo, asegurando que este control permitirá un seguimiento riguroso sobre quienes tuvieron responsabilidades políticas y administrativas.
Asimismo, Vega pidió al presidente Rodrigo Paz Pereira y a su gabinete aprovechar este periodo de 90 días para exigir a las instituciones de control —como la Contraloría y el Ministerio Público— la revisión exhaustiva de las gestiones pasadas, especialmente las correspondientes a las dos décadas de administración del Movimiento al Socialismo (MAS).
Afirmó que existen denuncias de irregularidades en el traspaso de oficinas, donde se habrían encontrado “espacios vacíos y documentos faltantes”, lo que consideró una burla hacia la institucionalidad del Estado.
El exdiputado insistió en que el arraigo aplica a todas las exautoridades, desde el presidente y vicepresidente hasta ministros, viceministros, gerentes y directores de empresas estatales estratégicas como YPFB, ENTEL y EMAPA.
Además, reveló haber recibido denuncias que señalan que el expresidente Luis Arce y su familia estarían en Rusia, por lo que pidió a la Dirección General de Migración verificar si su salida del país se realizó por vías regulares y dentro del marco legal.
Vega advirtió que el incumplimiento de la Ley 1352 no solo constituye una falta administrativa, sino también un delito de incumplimiento de deberes, tanto para la Contraloría como para Migración y el Ministerio Público, en caso de omisión.
Finalmente, exigió que, de comprobarse irregularidades, Interpol gestione el retorno forzoso de las exautoridades que hayan salido del país sin cumplir con el arraigo. “La ley es clara, y el pueblo boliviano merece saber cómo se manejaron los recursos públicos durante estos veinte años”, concluyó.