A poco más de un mes de las elecciones nacionales, el debate político en Bolivia gira en torno a quiénes asumirán las presidencias de las cámaras legislativas. Según el analista electoral Paul Antonio Coca, los partidos ya iniciaron negociaciones, dado que los resultados del 17 de agosto definieron de forma anticipada la composición completa del Legislativo.
El experto señaló que, al no existir ninguna fuerza con dos tercios en ninguna de las cámaras, las alianzas y pactos resultan inevitables. En ese sentido, subrayó que los principales partidos, junto a los frentes minoritarios, estarían ya definiendo acuerdos para conformar las directivas camarales, la distribución de comisiones y, sobre todo, la agenda legislativa que marcará el inicio de la nueva gestión parlamentaria.
Los resultados electorales establecieron que seis partidos políticos y una nación indígena originaria tendrán representación en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en el Senado solo cuatro frentes alcanzaron escaños. En ambas instancias, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) logró la primera mayoría, aunque insuficiente para asegurar las presidencias, lo que obliga a negociar con otras fuerzas.
Unidad, liderada por Samuel Doria Medina, cuenta con 26 diputados y siete senadores, cifras que lo convierten en un actor clave para inclinar la balanza en las negociaciones. Aunque Doria Medina expresó la misma noche electoral su apoyo al PDC, sus palabras fueron relativizadas en días posteriores por parte de sus aliados, lo que añade incertidumbre a los pactos en ciernes.
El analista Coca advirtió que las negociaciones deben ir más allá de las directivas y concentrarse en leyes urgentes para el país, como la aprobación del Presupuesto General del Estado 2026 y la convocatoria a nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, cuyo mandato concluye en diciembre. A su juicio, estos temas serán decisivos para la estabilidad política en los próximos meses.
Finalmente, recordó que, por Constitución, el Legislativo cuenta con dos recesos anuales, de los cuales ya se aplicó uno en julio. El segundo podría ser suspendido debido a la carga de trabajo que impondrá la agenda parlamentaria. Coca enfatizó que se requiere un esfuerzo de concertación para garantizar que las prioridades legislativas avancen sin dilaciones.
Vía: El Deber