La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), liderada por el opositor encarcelado José Daniel Ferrer, rechazó con firmeza su inclusión en la lista de organizaciones “terroristas” elaborada por el régimen de La Habana. La agrupación calificó la decisión como una manipulación política destinada a desacreditar y criminalizar a un movimiento que, desde 2011, sostiene haber trabajado de forma pacífica en la promoción de los derechos humanos y la ayuda humanitaria.
La actualización del listado oficial, publicada en julio pasado, incluyó tanto a opositores históricos en el exilio como a creadores de contenido digital, acusados de incurrir en “delitos de odio”. En ese marco, la UNPACU apareció catalogada como una “entidad criminal radicada en Estados Unidos”, pese a que su trabajo se ha centrado en la formación ciudadana, la defensa de presos políticos y la organización de proyectos de asistencia social.
La organización insistió en que su accionar siempre ha sido cívico y democrático, por lo que exigió la inmediata liberación de Ferrer y de más de mil presos políticos que, según Prisoners Defenders, permanecen en cárceles cubanas. También advirtió que el régimen intenta quebrar a su líder a través de aislamiento prolongado, torturas psicológicas y la negación de atención médica, prácticas que ponen en riesgo su vida.
Ferrer, de 55 años, fue uno de los opositores condenados durante la Primavera Negra de 2003 y tras su liberación parcial en 2011 fundó la UNPACU en Santiago de Cuba, que se consolidó como la agrupación disidente más numerosa de la isla. Amnistía Internacional lo ha reconocido varias veces como “preso de conciencia”. Su último arresto, en abril de 2025, ocurrió apenas tres meses después de una excarcelación pactada entre Cuba, Estados Unidos y el Vaticano.
La situación legal del opositor sigue envuelta en opacidad, sin acusaciones concretas ni procesos judiciales claros. Para la UNPACU, la negativa de las autoridades a informar sobre su estatus es una muestra evidente de la vulneración sistemática del debido proceso en Cuba, una práctica denunciada también por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pese a la represión, la UNPACU mantiene actividad dentro y fuera de Cuba, con presencia en varias provincias y en el exilio. La organización fue clave en la documentación de los abusos durante las protestas del 11 de julio de 2021, hecho que incrementó la persecución en su contra. Ahora, con su inclusión en la lista de “terroristas”, el futuro de Ferrer y de la organización se ve más incierto, en un contexto donde la disidencia política continúa equiparándose con la traición al Estado.