A menos de un mes de las elecciones generales del 17 de agosto, el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer ha identificado cinco casos graves de acoso y violencia política hacia mujeres candidatas. El informe detalla ataques sistemáticos contra Eva Copa, Susana Bejarano, Toribia Lero, Mariana Prado y Karla Robledo, provenientes de diferentes regiones y alianzas políticas.
El reporte evidencia cómo estas mujeres fueron blanco de discursos de odio, amenazas, violencia digital y presiones mediáticas. Eva Copa, alcaldesa de El Alto y excandidata presidencial por Morena, fue víctima de campañas de desprestigio en redes sociales que incluyeron ataques a su vida privada, incitación al odio y burlas discriminatorias por su origen indígena.
La excandidata a senadora por Unidad, Karla Robledo, renunció a su postulación tras ser blanco de agresiones centradas en su entorno familiar y cuestionamientos a su formación. A pesar de que el Tribunal Supremo Electoral no aceptó inicialmente su dimisión, Robledo ratificó su decisión y quedó fuera de la contienda.
Toribia Lero, postulante en Cochabamba, sufrió ataques con tintes racistas y sexistas. La narrativa violenta contra ella atentó directamente contra sus derechos políticos, en contradicción con la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, y la Ley 045 contra toda forma de racismo y discriminación.
Mariana Prado, candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular, fue blanco de mensajes clasistas y misóginos que buscaron minar su credibilidad a través de estereotipos machistas. En esa misma alianza, Susana Bejarano también fue víctima de violencia psicológica, recibiendo amenazas veladas y comentarios morales sobre su vida privada.
Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, advirtió que estos ataques tienen el objetivo de excluir a las mujeres de la política. Además, denunció presiones de sectores como la Federación Tupak Katari y la Fencomin, que exigieron la salida de candidatas con amenazas de retirar su apoyo político. Las organizaciones de derechos humanos exigen justicia y medidas urgentes del Ministerio Público y el TSE para garantizar una participación política libre de violencia.
Vía: La Razón