El presidente del Colegio de Médicos de Tarija, Edwin Valdez, denunció que la Gobernación está aplicando recortes presupuestarios exclusivamente al sector salud, pese a que existen otros seis programas financiados con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El dirigente cuestionó por qué solo se afecta al personal médico y exigió una distribución equitativa de los ajustes presupuestarios.
Ante esta situación, Valdez anunció un paro de 48 horas en todos los centros médicos del departamento, medida que se verá reforzada por un piquete de huelga de hambre indefinida, compuesto por al menos tres profesionales de salud. El conflicto se originó tras el despido de 25 trabajadores del sector, aunque la amenaza se extiende a otros 90 hasta el 31 de julio si no hay respuesta institucional.
El representante médico arremetió contra las autoridades departamentales por no haber gestionado fuentes de financiamiento alternativas en los últimos cuatro años. Calificó la situación como un “atentado” no solo contra el personal sanitario, sino también contra la población tarijeña que depende de un sistema ya debilitado.
Aunque aclaró que no se suspenderá totalmente la atención médica, Valdez precisó que solo se atenderán emergencias, con el poco personal aún activo. El gremio exige una revisión profunda de cómo se están administrando los fondos del IDH, para evitar que los trabajadores de salud sigan cargando con el peso del ajuste económico.
Por su parte, el dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Julio Barco, se sumó a las críticas y lamentó que los profesionales de salud, considerados héroes durante la pandemia, ahora estén siendo despedidos y olvidados. Exigió al gobernador y al alcalde instalar una mesa de diálogo de manera urgente, con voluntad política real para resolver el conflicto.
Barco también alertó que los despidos están afectando gravemente a las comunidades rurales, donde el acceso a servicios médicos ya es limitado. Sostuvo que muchos habitantes deben recorrer largas distancias para recibir atención básica, y que esta crisis solo profundiza las brechas sociales y sanitarias en el departamento.
Finalmente, el dirigente obrero expresó su disposición a colaborar institucionalmente con las nuevas autoridades policiales, pero reiteró que la Gobernación y la Alcaldía deben asumir su responsabilidad en dotar de recursos a sectores estratégicos como salud y seguridad, especialmente en las zonas rurales donde la precariedad es cada vez más crítica.