El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó la detención de un empleado de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), acusado de espiar para el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB). El detenido trabajaba en la unidad D-2, considerada una de las más elitistas del organismo, y habría filtrado información confidencial a los servicios secretos rusos. La operación ha generado inquietud tanto por las implicancias de seguridad como por los métodos empleados en la investigación.
Según el comunicado oficial, el empleado –cuya identidad no fue confirmada oficialmente, aunque medios ucranianos lo identifican como Víktor Goussarov– fue reclutado por Dmytro Ivantsov, un exfuncionario de seguridad del expresidente prorruso Víktor Yanukóvich. Ivantsov se habría quedado en Crimea tras la Revolución del Maidan y posteriormente fue cooptado por el FSB. El agente infiltrado habría entregado al menos 60 informes con datos sensibles, incluyendo identidades de agentes ucranianos y ciudadanos particulares, a cambio de pagos directos a su cuenta bancaria.
La detención fue parte de una operación más amplia que incluyó más de 80 registros en oficinas y viviendas de al menos 19 empleados de la NABU en varias regiones del país. Entre los detenidos figura Ruslan Magamedrassoulov, uno de los jefes interregionales del organismo, sospechoso de mantener vínculos económicos con Rusia. El procedimiento, sin embargo, fue cuestionado por la ausencia de órdenes judiciales y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
La propia NABU ha respondido públicamente a la situación, rechazando que existan pruebas concretas contra el presunto espía detenido. En un comunicado, la entidad aseguró que en 2023 ya se habían evaluado «riesgos potenciales» sobre dicho empleado, pero que en una inspección conjunta con el SBU no se hallaron indicios concluyentes. La oficina anticorrupción también denunció que la mayoría de los otros casos abiertos son por hechos no relacionados, como accidentes de tráfico antiguos.
Este escándalo ha intensificado las tensiones dentro del aparato estatal ucraniano, en un contexto político ya frágil tras recientes cambios en el gabinete y la designación de un nuevo primer ministro. Algunos analistas interpretan el caso como parte de una pugna interna entre instituciones clave del país, mientras el gobierno intenta mantener la confianza pública y la transparencia en medio de la guerra contra Rusia.
La comunidad internacional, en particular los países del G7, ha expresado su preocupación por los métodos empleados en la operación, subrayando la importancia de preservar la independencia de las instituciones anticorrupción en Ucrania. A medida que el conflicto con Rusia se prolonga, este tipo de episodios pone a prueba tanto la cohesión interna del gobierno ucraniano como su credibilidad ante sus socios occidentales.
Vía: Euronews