Gobernación inicia proceso legal contra pesca ilegal en el Pilcomayo que afecta a comunidades

El secretario de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Gobernación de Tarija, Efraín Rivera, denunció que algunos concesionarios de pesca en el río Pilcomayo están incumpliendo con la normativa vigente que regula la actividad pesquera comercial.

Según explicó, se ha autorizado la pesca únicamente en el margen derecho del río, de acuerdo con la Resolución 105 y en el marco de la Ley del Medio Ambiente N° 1333. Sin embargo, varios concesionarios estarían instalando redes de pesca de margen a margen, lo que representa una práctica irracional y prohibida.

Rivera alertó que esta modalidad de pesca interrumpe el ciclo de migración de los peces, especialmente hacia la región del Alto Pilcomayo, en la provincia O’Connor, donde las comunidades guaraníes dependen de la pesca para complementar su alimentación. Ante este incumplimiento, también se han recibido reclamos formales de los pueblos indígenas afectados. En respuesta, la Gobernación coordinó acciones con CODEFAUNA Villa Montes para iniciar un proceso legal contra los infractores.

Como resultado de esta coordinación, se presentó una demanda ante el Juzgado Agroambiental, la cual fue aceptada. El juez ha citado a los concesionarios señalados para este martes, con el objetivo de que desmantelen el sistema ilegal de pesca que atraviesa el río. Si no cumplen con esta orden judicial, ingresarán automáticamente a un proceso penal. Rivera destacó que esta acción legal se enmarca en un esfuerzo más amplio por proteger los recursos naturales, tal como ya se ha hecho en otros casos relacionados con la minería ilegal.

Finalmente, el secretario informó que se evalúa la creación de un corredor ecológico de aproximadamente 10 kilómetros a ambos márgenes del Pilcomayo. Esta propuesta busca preservar la biodiversidad y los ecosistemas a lo largo del río, así como asegurar la sostenibilidad de la fauna ictícola que habita en esta cuenca. Rivera recalcó la importancia de actuar con firmeza frente a prácticas extractivas que atentan contra el equilibrio ambiental y el bienestar de las comunidades locales.

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