La jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien anuló una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en un caso de presunto estupro, fue aprehendida en Santa Cruz y trasladada a La Paz, donde decidió guardar silencio ante el Ministerio Público. Médicos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) evaluaron su estado de salud, y se espera un informe oficial en las próximas horas.
La detención se realizó la mañana del domingo cerca de su domicilio en La Guardia, en cumplimiento de una orden fiscal. Ya en La Paz, la jueza fue conducida a celdas policiales y citada a declarar por el fiscal anticorrupción Fernando Espinoza, pero optó por acogerse a su derecho constitucional al silencio. Se le acusa de prevaricato y desobediencia de resoluciones constitucionales por haber favorecido a Morales en un proceso penal activo.
El caso contra Evo Morales está radicado en Tarija e involucra presuntos delitos de trata, estupro y violación a menor. Según la Fiscalía, el expresidente fue convocado a declarar en varias ocasiones desde octubre de 2024, sin presentarse. La resolución de la jueza Moreno que anuló la imputación fue considerada una obstrucción al proceso, generando la denuncia del Ministerio de Justicia y la posterior orden de aprehensión.
El abogado defensor de Moreno, Silvestre Ibáñez, calificó de irregular el traslado de su defendida a La Paz y denunció que se le negó inicialmente el derecho a contar con asistencia legal. También informó que la jueza se encuentra en estado delicado de salud tras haberse sometido a dos cirugías recientes, y anticipó una posible acción de libertad por vulneraciones al debido proceso.
El caso ha generado reacciones políticas y judiciales. El fiscal general Róger Mariaca anunció una inminente imputación formal, mientras el Consejo de la Magistratura abrió un proceso disciplinario. Además, jueces de Santa Cruz expresaron su preocupación por el respeto al debido proceso. La detención ocurre en un contexto de creciente tensión política, con Evo Morales reactivando su protagonismo rumbo a las elecciones de 2025 y renovadas críticas sobre la independencia del sistema judicial boliviano.
Vía: El Deber