El abogado Sergio Gómez López, de Sucre, denunció al actual magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ángel Edson Dávalos Rojas, por presuntamente haber falsificado documentos y simulado experiencia laboral para habilitarse como candidato en las elecciones judiciales. Según Gómez, el magistrado habría cometido falsedad ideológica y manipulado certificaciones oficiales para cumplir con los requisitos exigidos, incluso inventando un periodo como vocal del TCP durante el cual cobró sueldo sin haber ejercido funciones.
Gómez asegura que Dávalos actuó en complicidad con funcionarios del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y del Consejo de la Magistratura. Las denuncias formales se presentaron ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Mientras las dos primeras fueron rechazadas por presuntos motivos políticos y procesales, la tercera continúa activa y estaría próxima a ingresar en etapa de imputación formal.
El denunciante sostiene que el caso representa un fraude institucional, ya que lo que debía ser un mérito de experiencia se transformó en una maniobra para obtener un cargo mediante engaños. A pesar de las acusaciones, Dávalos continúa en funciones y habría minimizado las denuncias, asegurando que todas se caerán. Gómez critica que, siendo una autoridad judicial, el magistrado anticipe criterios y no se someta a un comportamiento ético esperado.
El abogado también señaló vínculos políticos en el ascenso de Dávalos, afirmando que fue respaldado por el Ministerio de Justicia y que, aunque es una autoridad recientemente elegida, responde a los intereses de los magistrados autoprorrogados. Esta situación, sostiene, socava aún más la credibilidad del sistema judicial boliviano.
Finalmente, Gómez advirtió que si no se llevan a cabo las elecciones judiciales nacionales previstas para agosto, el país podría enfrentar una crisis mayor, ya que el presidente Luis Arce también quedaría como autoridad prorrogada por decisión del TCP. Llamó al fiscal general y al Tribunal Supremo de Justicia a actuar con imparcialidad y evitar que el TCP obstaculice el proceso democrático.
Fuente: El Periódico