El presidente de la institución, Gabriel Corvera, envió cartas oficiales al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio de la Presidencia para instalar una mesa de diálogo en Tarija el próximo lunes. Advirtió que los 60 juzgados del departamento sufren una crisis extrema por falta de computadoras, material de escritorio y tecnología.
Ante la inminencia de un colapso en el sistema de administración de justicia, la Brigada Parlamentaria de Tarija ha asumido un rol activo para frenar las medidas de presión que amenazan con paralizar las actividades judiciales en todo el país. El presidente de la institución legislativa regional, Gabriel Corvera, informó de manera oficial que se han despachado cartas formales tanto al Órgano Judicial como al Órgano Ejecutivo con el objetivo de constituir a la Brigada como un ente neutral de coordinación, interlocución y mediación.
La iniciativa busca sentar a las partes en conflicto y desactivar el paro general anunciado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, argumentando que una huelga agravaría el ya crítico retraso en la carga procesal.
Corvera explicó que la propuesta cuenta con el respaldo político de otros líderes parlamentarios del país, quienes coinciden en la urgencia de hallar una salida concertada al conflicto presupuestario.
«Hemos enviado una carta tanto al Tribunal Supremo de Justicia como al Ministerio de la Presidencia donde ofrecemos a la ciudad de Tarija y a la Brigada Parlamentaria como mediadores para evitar que se llegue a un paro. Entendemos que existen crisis y posturas encontradas, pero no podemos caer en actitudes cerradas donde un lado va al paro y el otro se niega a ceder por la amenaza. Estamos coordinando con otros presidentes de brigadas del país y pretendemos que el presidente del TSJ, los encargados del área presupuestaria del Gobierno y el Viceministerio de Justicia se reúnan en nuestro departamento el siguiente lunes». —Gabriel Corvera, Presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija.
Juzgados en Tarija operan sin computadoras y al borde del desabastecimiento
Más allá de las demandas políticas y la necesidad latente de una reforma estructural en los niveles jerárquicos, el presidente de la Brigada Parlamentaria visibilizó las carencias materiales extremas bajo las cuales operan los operadores de justicia en el departamento de Tarija. Corvera aclaró que el problema central de la institución no pasa por un incremento de recursos humanos, sino por una asfixia logística que impide la digitalización y modernización de los procesos.
Falta de herramientas básicas: Los 60 juzgados distribuidos en el departamento de Tarija arrastran años de retraso tecnológico sin recibir una sola computadora nueva, operando con equipos obsoletos e incluso sufriendo una reducción total en la provisión de papel y material de escritorio elemental.
Frenos a la modernización tecnológica: Debido al bajo presupuesto asignado, la región carece de la infraestructura informática necesaria para implementar sistemas avanzados como el control cuatruplicado de manillas electrónicas destinadas a los detenidos con arresto domiciliario.
Infraestructura estancada: Si bien el departamento cuenta con los terrenos disponibles y los proyectos a diseño final concluidos, las gestiones financieras para la construcción de un nuevo Palacio de Justicia —adecuado a la magnitud de la carga procesal actual— y de una Casa Fiscal se encuentran completamente paralizadas.
Esperan confirmación de las autoridades nacionales
El legislador tarijeño enfatizó que las cartas fueron remitidas promediando mediados de semana y que se ha fijado como plazo límite el fin de semana para recibir las respuestas oficiales de confirmación por parte de los ministros y magistrados. Para la Brigada, el Órgano Judicial es una instancia que debe ser precautelada de manera prioritaria por el Estado, ya que su parálisis afecta directamente los derechos constitucionales de los ciudadanos litigantes.
La propuesta institucional busca que el encuentro del próximo lunes se convierta en el escenario definitivo donde el Ministerio de Economía y los técnicos del sector judicial evalúen la viabilidad técnica de una inyección presupuestaria de emergencia. De consolidarse la mesa de diálogo en Tarija, la región sureña se posicionaría como el epicentro de la resolución de un conflicto que mantiene en vilo la estabilidad del sistema judicial boliviano.