Johnny Torres Terzo se reunió con el viceministro Adrián Oliva para presentar un plan de salvataje económico. La autoridad edil advirtió que la crisis en los gobiernos locales es generalizada y que varias alcaldías del país corren el riesgo de quedarse sin presupuesto entre septiembre y diciembre.
El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, informó de manera oficial sobre los alcances de la reunión estratégica que sostuvo con el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, en la cual expuso la crítica situación financiera que atraviesan los gobiernos locales.
Durante el encuentro, el burgomaestre tarijeño planteó formalmente el diseño de una «receta económica» de emergencia que incluye, como eje central, la devolución total o parcial del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), recursos que fueron retenidos por el nivel central del Estado para la constitución de un fondo de exploración petrolera. Con la inyección de estos fondos, el municipio estima equilibrar sus arcas y garantizar la operatividad institucional hasta fin de año.
Torres Terzo fue categórico al describir el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las administraciones locales debido a la caída de ingresos.
"El problema económico de los municipios es sumamente grave; hay alcaldías que no van a llegar a diciembre y otras que solamente tienen espaldas financieras para operar hasta septiembre. Lo que necesitamos es voluntad política a través de medidas concretas: la primera es la devolución del 12% retenido del IDH, lo que nos permitiría llegar de forma regular a fin de año dependiendo del tamaño de cada región. Asimismo, hemos solicitado formalmente al Gobierno nacional la emisión de varios decretos supremos que no le cuestan dinero al Estado, pero que liberarían recursos del IDH que actualmente llegan a Tarija". — Johnny Torres Terzo, Alcalde de Tarija.
Un paquete de decretos normativos «a costo cero» para el Estado
El planteamiento liderado por el alcalde tarijeño no demanda desembolsos directos adicionales por parte del Tesoro General de la Nación (TGN), sino una flexibilización en la interpretación y destino de las leyes vigentes. Según el sinóptico técnico elaborado por la comuna, la crisis afecta de igual manera a los tres estratos municipales del país: los de tipo 1 (eje central), tipo 2 (ciudades intermedias y capitales como Tarija) y tipo 3 (municipios pequeños del área rural).
Para mitigar este escenario, el plan entregado al Viceministerio de Autonomías contempla las siguientes alternativas jurídicas:
- Desbloqueo de partidas presupuestarias: Emisión de decretos supremos de interpretación que autoricen el uso de recursos estancados en las cuentas municipales debido a la falta de normativas claras de ejecución.
- Reprogramación con el FNDR: Aliviar la presión de la deuda pública mediante el refinanciamiento de los créditos que las alcaldías mantienen con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), entidad que opera como banco de segundo piso del Estado.
- Liberación de fondos de servicios: Reestructurar y liberar excedentes de recaudaciones específicas, como los recursos provenientes de las tasas de alumbrado público y otros servicios esenciales.
Emergencia generalizada en el sistema asociativo municipal
La propuesta de Tarija busca convertirse en un modelo de aplicación nacional, toda vez que las restricciones legales para el uso de los recursos del IDH han limitado la capacidad de respuesta de los alcaldes frente a sus compromisos cotidianos. Al derivar fondos locales a competencias que corresponden originalmente al nivel central del Estado, las planillas y los proyectos de inversión urbana han quedado desprotegidos.
El Alcalde concluyó manifestando que la atención de esta problemática a través de los instrumentos jurídicos propuestos es urgente para evitar la paralización de servicios públicos esenciales a partir del tercer cuatrimestre del año. Las autoridades locales se mantienen a la espera de una respuesta formal por parte del Ejecutivo nacional, bajo la premisa de que flexibilizar los candados del IDH representa la única vía rápida para dotar de liquidez y sostenibilidad a las regiones sin alterar el equilibrio macroeconómico del país.