Al cumplirse el plazo definitivo este martes 30 de junio, la directora de la entidad fiscalizadora, Ninoska Ortiz, informó que se alcanzó a captar parte de los 149 millones de bolivianos previstos. La funcionaria reveló que una eventual ampliación del beneficio se encuentra bajo un riguroso análisis técnico y legal junto al alcalde Johnny Torres Terzo, debido a las solicitudes ciudadanas y a la severa crisis de liquidez por la caída del IDH.
En una jornada decisiva para las finanzas de la comuna de Cercado, el programa de alivio fiscal extraordinario llegó a su término bajo un panorama de evaluación de metas y desafíos estructurales de recaudación. La directora de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, Ninoska Ortiz, informó de manera oficial que hoy fenece el plazo para acogerse al denominado “perdonazo” de tributos municipales.
De acuerdo con el balance preliminar emitido por la autoridad, la municipalidad tenía proyectado recaudar 149 millones de bolivianos, logrando captar finalmente un estimado del 60% de dicha meta financiera al momento del cierre de los sistemas de cobro.
Ortiz enfatizó que las directrices institucionales previas estipulaban de forma rígida la conclusión del beneficio; sin embargo, la compleja coyuntura económica nacional obligó a abrir un espacio de evaluación técnica.
«Nosotros nos regimos a plazos establecidos y a los parámetros del sistema central del RUAT, por lo que ya habíamos comunicado que el plazo no se ampliaba. No obstante, estamos recibiendo numerosas solicitudes que han ingresado formalmente al despacho del Alcalde. Ante ello, la posibilidad de una ampliación está sujeta a un profundo análisis técnico y legal que realizaremos hoy mismo junto al alcalde Johnny Torres Terzo. Entendemos que la situación económica del país está bastante complicada, pero un municipio vive netamente de sus impuestos y de sus actividades económicas». — Ninoska Ortiz, Directora de Ingresos.
Sinceramiento fiscal: Una deuda histórica e incobrable de Bs 300 millones
Uno de los datos más alarmantes revelados por la Directora de Ingresos gira en torno al estado real de las cuentas pendientes que arrastran los contribuyentes tarijeños. Ortiz desglosó que el municipio arrastra una abultada «mora histórica» acumulada, la cual se encuentra técnicamente clasificada y dividida en dos grandes cuentas: una cartera en estado vigente y otra catalogada en condición de riesgo.
La funcionaria anticipó que la Alcaldía viene ejecutando un proceso de depuración y limpieza informática de los registros del RUAT para sincerar los estados financieros de la entidad, proyectando cifras críticas para el erario público:
- Deuda flotante e incobrable: Los reportes preliminares calculan que la deuda histórica residual asciende a un estimado de 300 millones de bolivianos.
- Pérdida de activos fiscales: Ortiz admitió con crudeza que, por razones de antigüedad y las características de los deudores en riesgo, la municipalidad no va a poder recuperar la totalidad de ese dinero flotante, lo que obliga a diseñar estrategias legales alternativas para no afectar los balances contables de la comuna.
Reducción del IDH obliga a construir cultura tributaria
Desde la perspectiva de la gestión edil, la Dirección de Ingresos lamentó la pasividad de ciertos sectores de la población, recordando que el municipio de Tarija sostiene de forma ininterrumpida este programa de alivio fiscal —que extingue el pago de multas acumuladas e intereses devengados— desde la gestión 2020. Al haber estado vigente la medida por cinco años consecutivos, la autoridad consideró que es momento de que la población asuma una verdadera cultura tributaria.
Finalmente, Ortiz reflexionó sobre la contradicción social de exigir servicios de alta calidad sin cumplir con el pago de las patentes y tributos obligatorios. La Directora argumentó que los vecinos le exigen constantemente a la Alcaldía la entrega de obras civiles de asfalto, infraestructura en educación y equipamiento de centros de salud, pero olvidan que los recursos nacionales provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) han sido afectados de manera notable y drástica. Ante este recorte de transferencias estatales, la comuna tarijeña se ve obligada a optimizar con rigurosidad sus mecanismos de recaudación propia para asegurar la sostenibilidad operativa de la ciudad.