El parlamentario nacional Rodrigo Fuenzalida denunció que los ciudadanos deportados buscaban ideologizar los conflictos en el país e incluso promovían la salida del presidente electo. Afirmó que la propia Cancillería argentina reconoció las facultades soberanas de Bolivia.
El diputado nacional Rodrigo Fuenzalida anunció que presentará una exigencia formal ante la Cancillería del Estado para frenar de manera drástica la injerencia de ciudadanos extranjeros que ingresan al país con el objetivo de ideologizar y exacerbar los conflictos sociales en Bolivia. El parlamentario adelantó que, amparados en la normativa nacional vigente, solicitará que se aplique un veto migratorio estricto a los supuestos activistas de derechos humanos que fueron recientemente deportados, impidiéndoles retornar a territorio nacional por un extenso periodo de tiempo.
«Lo que vamos a hacer nosotros es exigir que no vuelvan a pisar el suelo boliviano en los próximos 5 a 15 años, que es lo que nos permite nuestra normativa», aseveró el legislador, quien recalcó que estos sujetos ingresaron bajo fachadas de turistas o defensores de derechos humanos, pero en realidad actuaban como «activistas por bloqueos». Fuenzalida subrayó que la propia Cancillería de la República Argentina convalidó el procedimiento migratorio local al manifestar públicamente que Bolivia ejerció de manera plena sus facultades soberanas al negar el ingreso de dichas personas.
Identificación de los activistas y consignas políticas
Para sustentar la denuncia de injerencia, el diputado expuso la identidad y militancia política de los ciudadanos extranjeros expulsados, señalando que sus propias redes sociales evidenciaban intenciones de desestabilización política en contra de un mandatario electo en las urnas:
- Vanina Biasi: Dirigente socialista argentina que, según el legislador, comparó de manera despectiva la situación del país con el régimen de Nicolás Maduro. El diputado fustigó la postura de Biasi al recordar que el sector político al que ella representa en su país aplaudía las acciones del gobierno venezolano.
- Emanuel Cuello: Miembro del Partido Comunista Argentino, tildado de «sinvergüenza» por el parlamentario tras verter declaraciones públicas en las que acusaba al Estado boliviano de incurrir en presuntos secuestros, asesinatos y de operar bajo una dictadura militar.
- Soledad Mosquera: Perteneciente a la Izquierda Socialista y secretaria general del gremio docente Ademys. Fuenzalida denunció que esta dirigente promovió activamente una convocatoria de protesta en el Obelisco de Buenos Aires para el miércoles 17, con la consigna explícita de exigir la renuncia del Presidente de la República de Bolivia.
Defensa de la soberanía y rechazo a la narrativa de «dictadura»
Fuenzalida rechazó contundentemente la narrativa de los activistas deportados respecto a supuestas represiones militares y asesinatos estatales. El legislador aclaró que la crisis social y las muertes registradas en el país no fueron provocadas por las fuerzas del orden, sino que son responsabilidad directa de los bloqueos de carreteras que impidieron el libre tránsito de pacientes médicos y suministros esenciales.
Asimismo, recordó la muerte de transportistas dentro de sus propias unidades de trabajo y el trágico deceso de efectivos militares que terminaron ahogados al intentar sortear los puntos de bloqueo con el fin de auxiliar a la población civil afectada.
«Estamos realmente indignados con esta clase de sinvergüenzas que quieren venir a meterse en la soberanía nacional. Exigiremos a la Cancillería que haga respetar a Bolivia y que se utilicen todos los mecanismos que la Constitución y las leyes nos permiten para iniciar procesos a estas personas. La solución de los conflictos la tenemos que encontrar exclusivamente entre bolivianos» — Rodrigo Fuenzalida, Diputado Nacional.