La representante de los adultos mayores de Cercado, Nancy Ugarte, informó que el sector solicita la aplicación de una tarifa solidaria en el transporte público urbano de Tarija, argumentando que el costo actual afecta seriamente la economía de las personas de la tercera edad. La propuesta plantea mantener el pasaje en 1,50 bolivianos para los micros y fijar una tarifa de 2 bolivianos para los taxitrufis.
Ugarte recordó que en diciembre del año pasado se estableció una tarifa provisional de 2 bolivianos para los adultos mayores en el transporte público, medida que inicialmente debía tener una duración limitada. Sin embargo, lamentó que dicho monto se haya mantenido hasta la fecha, generando malestar entre los beneficiarios, quienes consideran que el incremento no toma en cuenta su realidad económica.
La dirigente explicó que la preocupación fue ratificada en una reciente reunión realizada en la Casa del Adulto Mayor, donde numerosos asistentes expresaron su desacuerdo con el pago de 2 bolivianos en micros y 3 bolivianos en trufis. Según indicó, gran parte de este sector depende únicamente de la Renta Dignidad, que alcanza los 350 bolivianos mensuales, recursos que deben destinarse a alimentación, salud y otras necesidades básicas.
En ese contexto, sostuvo que el transporte público y las autoridades municipales deben respetar las disposiciones de la normativa nacional que establece beneficios para sectores vulnerables. Citó la Ley 165 del Transporte, específicamente su artículo 49 inciso b, que contempla tarifas especiales y diferenciadas para las personas mayores de 60 años.
Asimismo, rechazó las interpretaciones que utilizan otras normas para justificar el actual esquema tarifario. Señaló que la Ley 1886, referida a descuentos en el transporte interprovincial, interdepartamental y nacional, no corresponde al transporte urbano municipal, por lo que considera incorrecto aplicar esos criterios al caso de Tarija.
Finalmente, Ugarte afirmó que el actual sistema estaría vulnerando los derechos de los adultos mayores al trato preferente, derecho reconocido tanto por la legislación vigente como por la Constitución Política del Estado. Por ello, pidió al sector del transporte actuar con solidaridad y aceptar una tarifa diferenciada que permita a las personas de la tercera edad acceder al servicio sin afectar de manera significativa sus limitados ingresos.